Demasiadas cosas han pasado en estos días en el gobierno federal, muchas decisiones tomadas, unas para bien, otras no tanto y unas más que pasaron al “congelador”, es decir, quedaron pendientes, como ejemplo, la extinción de 44 fideicomisos, entre los que se encuentran apoyos al deporte, ciencia, cine y muy particularmente, el Fondo de Desastres Naturales, mejor conocido como Fonden.
Esta iniciativa, fue presentada hace unos días en el Congreso de la Unión por la diputada de Morena, Dolores Padierna, justificándola como una medida necesaria para enfrentar la crisis de salud generada por la pandemia COVID-19.
Según la legislación, el Fonden es un instrumento cuyo objetivo es autorizar recursos para mitigar los efectos producidos por fenómenos naturales que dañen la infraestructura pública, así como el apoyo en los daños a las viviendas de la población de bajos recursos afectadas por tales fenómenos, por ello, es que la propuesta para desaparecerlo, generó mucho ruido en las redes sociales, protestas e indignación de varios sectores de la población, lo cual obligó al coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, a detener la discusión de la iniciativa y comprometerse a realizar un ejercicio parlamentario abierto para escuchar a todos los sectores involucrados.
Lo anterior genera una excelente oportunidad para reflexionar un poco sobre un Fondo, que según la página oficial del gobierno federal, destinó un total de $1,265 millones de pesos entre el 2016-2018, sólo para el Estado de Sonora, como consecuencia de la tormenta tropical Odile (2014), dos lluvias severas (2015) y la tormenta tropical Newton (2016), para apoyo en reconstrucción de carreteras, viviendas, redes de agua, entre otros. La discusión relativa a su correcta aplicación lo dejo al criterio y memoria de quienes vivieron esos fenómenos y la respuesta que hubo en su comunidad.
Pero porqué esperarnos, incluso hasta 3 años como en el caso de la tormenta tropical Odile, a la reconstrucción, ante un fenómeno que sabemos impacta siempre a los más pobres, cuando existe un Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático, que ya tiene identificadas las amenazas, la población más vulnerable e incluso, hasta donde se encuentran, ya sea asentamientos humanos suceptibles a inundaciones, a deslaves, al incremento de enfermedades, entre otros. Adicionalmente, los Programas Municipales de Protección Civil, contienen un Atlas y Mapas Municipales de Riesgos, mismos que permiten realizar un análisis del peligro, vulnerabilidad y riesgo ante desastres naturales.
En Sonora, se tienen identificados como municipios vulnerables, Álamos, Bácum, Caborca, Etchojoa, Guaymas, San Luis Río Colorado y Quiriego, ya que han sido víctimas de grandes inundaciones, pérdidas económicas importantes e incluso muerte de muchos de sus habitantes, derivado de esos fenómenos naturales.
Según el Banco Mundial, en caso de no tomar medidas urgentes de adaptación y mitigación, el cambio climático podría llevar a otras 100 millones de personas a la pobreza para el 2030; A la fecha, ha generado pérdidas por mas de $520,000 millones de dólares por impacto de desastres naturales, 26 millones de personas pobres más por año, 7 millones de muertes prematuras cada año por contaminación.
La propuesta y reflexión que dejo sobre la mesa, para el ejercicio parlamentario abierto que se propuso, es analizar la importancia y el impacto de invertir en adaptación, es decir, prevenir las posibles consecuencias de fenómenos hidrometeorológicos, en sitios conocidos por su alta vulnerabilidad, por lo que en lugar de desaparecer el Fonden, sería importante abrir otra vertiente transversal, estableciendo criterios bajo los cuales los recursos se asignen de manera programada de acuerdo a su importancia en las acciones concretas de adaptación, pero sobre todo, establecer mecanismos de medición del impacto de los recursos públicos ejercidos.
La adaptación al cambio climático, debe ser considerada no solo una obligación, sino una necesidad en el camino para erradicar realmente la pobreza y mejorar la calidad de vida en las comunidades, por lo que nos encontramos ante una excelente oportunidad para transformar nuestra economía y sociedad, así como el correcto y transparente ejercicio de los recursos públicos con una visión altamente sustentable, que tanta falta nos hace.
