La Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, a través del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, lanzó un llamado al gobierno federal para que garantice la protección de sus derechos laborales y evitar que los empleadores utilicen de pretexto la pandemia de Covid-19 para argumentar justificaciones discriminatorias que afecten el pago de su salario.
En un pronunciamiento público denunciaron que por el contexto del coronavirus, en algunas zonas agrícolas de Chihuahua, Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, San Luis Potosí, comienza a haber una sobreoferta de mano de obra, ya que las personas de localidades aledañas ya no tienen trabajo y han buscado en los campos.
-Anuncio-“La sobredemanda de mano de obra abonará al detrimento de las condiciones laborales de las personas jornaleras, principalmente migrantes”, advirtieron.
Por ejemplo, señalaron que hay empleadores que deciden cuándo cortar o no el cultivo de chile atendiendo a la oferta y la demanda, aunque están las personas trabajadoras a su “disposición”, no cortan para que el precio del producto no baje por el aumento de la oferta.
A quienes trabajan en el corte del ajo, expusieron que les pagan entre 25 y 40 pesos por arpilla y logran cortar entre 3 y 4 costales.
-Anuncio-Mientras que los trabajadores agrícolas locales solo pueden cortar hasta 2 arpillas.
“En una situación extrema está el caso de un grupo de personas migrantes jornaleras e indígenas del estado de Hidalgo, que llegaron para trabajar al municipio de Ciudad del Maíz, en San Luis Potosí, quedándose sin salario y trabajo en un lugar que no conocían, por ello tuvieron que caminar alrededor de 100 kilómetros en la noche, logrando llegar a una oficina que les atendió a través del responsable de Protección Civil del H. Ayuntamiento de Ciudad Fernández, proporcionando albergue, alimentación y atención médica, además del apoyo económico para que regresaran a su comunidad”, denunció la Red.
Frente a la pandemia, el trabajo en el sector agrícola ha sido considerado una “actividad esencial”, por ello pidió a las autoridades gubernamentales que se garantice de manera integral los derechos de quienes laboran en actividades del campo.
-Anuncio-Además de proteger los derechos laborales, demandó que se garantice el derecho a la salud y a la seguridad social, a través del acceso gratuito de las personas jornaleras y sus familias a la asistencia médica, a las pruebas de Covid-19, medicamentos, insumos y tratamiento, libres de todo tipo de discriminación.
También solicitó garantías de seguridad alimentaria y el acceso a artículos básicos de higiene de las personas jornaleras que pueden verse afectados por las medidas de aislamiento en caso de haber contraído la enfermedad.
La Red reiteró la importancia de que se cumplan las Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en los estados de Baja California, San Luis Potosí, Coahuila y Colima, así como la más reciente Recomendación General 36/2019, que en conjunto son precedentes de las condiciones de vulnerabilidad en que laboran y viven los jornaleros en las zonas agrícolas, lo que genera factores de riesgo de contraer Covid-19.
Cabe recordar que la Red de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas está integrada por el Centro de Acompañamiento a Migrantes A.C. (CAMINOS), Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C. (CDHM Tlachinollan), Centro de Desarrollo Indígena Loyola A.C. (CDIL), Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública A.C. (CECIG), Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas (CIMICH), Mixteco Yosonuvico de Sonora Cerro Nublado A.C., Enlace, Comunicación y Capacitación A.C. (ENLACE), Pastoral Social y Migrantes de la Diócesis de Matehuala, Respuesta Alternativa A.C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (RA), Dra. Ma. Antonieta Barrón Pérez, académica de la Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México, Dr. Celso Ortiz Marín, académico de la Universidad Autónoma Indígena de México, y el Soc. José Eduardo Calvario Parra, académico de El Colegio de Sonora y de la Universidad de Sonora.
