Ciudad de México, 16 de abril (SinEmbargo).– Casi 32 millones de personas no ganan lo suficiente para adquirir la canasta básica para dos personas; difícilmente pueden quedarse en casa si no reciben apoyo económico para subsistir, de acuerdo con los datos del Observatorio de Trabajo Digno.
Además, cerca de 18 millones de personas tienen empleos sin contrato estable, en riesgo de despidos sin indemnización y sin defensa en caso de reducción salarial o de prestaciones.
Con la pandemia de COVID-19 en México, una de las mayores preocupaciones, en todos los niveles de la sociedad, fue sobre la situación de los empleos. Se alertó sobre los que trabajan en pequeños negocios y sobre los informales, los que no tienen opción de “quedarse en casa” para cuidarse de la enfermedad.
Debido a la contingencia por coronavirus implementada a nivel nacional, autoridades municipales cerraron con vallas y cinta de precaución los espacios públicos mas transcurridos en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
La precariedad laboral no es sorpresa, pero el coronavirus podría agudizar la situación, sobre todo si las vías para contener esta crisis no atienden las necesidades directas, dijo en conferencia de prensa Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador del colectivo Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
En la presentación de nuevos resultados del Observatorio, comentó que una de las prioridades en la Jornada de Sana Distancia que ya se extendió hasta el 30 de mayo, debe ser proteger el empleo.
“Cómo llamar a quedarse en casa cuando es un llamado a que no coma un trabajador. No sólo son los empleos del IMSS, necesitamos los otros datos, los de los informales […] No hay alternativa entre morir de hambre y morir de COVID”, dijo.
Aclaró que no se trata de apoyar a las empresas, sino el empleo, a la gente que ya estaba trabajando en condiciones precarias y a los que ya perdieron el empleo, “ellos requieren transferencia de ingresos y los programas sociales no son suficientes porque no están creados para atender esas necesidades”.
Gómez Hermosillo explicó que la política de subsidios no es errónea, pero no puede ser universal, ya que por ejemplo, los sectores farmacéuticos y de supermercados no están teniendo problemas a diferencia con los que a estas alturas ya no pueden sostener su planta productiva.
“Se pueden dar créditos blandos a quienes los ingresos cayeron, ahí están los ingresos del SAT. Y deben ser apoyos condicionados con el cumplimiento de los derechos laborales después de la contingencia, así vamos solucionando más problemas […] Entendemos al sector empresarial, pero hay que condicionar los apoyos, pero no son para ellos, son para mantener los empleos al cien y para que se certifiquen en un plan de cumplimiento pleno de los derechos laborales”, sostuvo.
Un restaurante toluqueño se solidariza regalando comida a las personas que se quedaron sin empleo por la contingencia del coronavirus.
Gómez Hermosillo ahondó sobre los apoyos que necesitan las personas que trabajan por su cuenta, “necesitamos que la crisis no sea ni tan profunda ni tan empobrecedora, requerimos que la red de protección social se cree, que esa sea la diferencia de este gobierno con los otros en atención a las crisis. Un programa nacional de protección social atiende, no los programas que fueron creados para otras cosas; no están mal, pero no están hechos para las personas que no tienen ingreso o que se quedan sin empleo”.
El colectivo hizo un llamado a generar medidas apropiadas para situaciones y grupos de población diferentes, como subsidios para conservar empleos y salarios, créditos blandos condicionados al cumplimiento de derechos laborales, planes de mejoramiento de salarios y condiciones de trabajo, un plan de transición a un modelo de protección social y servicios de salud universal desvinculado del trabajo.
También que para garantizar el ingreso “se requieren transferencias temporales de ingreso y el inicio de un seguro de desempleo, el apoyo a la economía social cooperativa y el fomento a la solidaridad y organización del tejido social”.
En México, 34 millones de personas trabajan sin acceso a servicios de salud de la seguridad social y de estas, son 15 millones a quienes no se les cumple la afiliación obligatoria, pese a que tienen trabajo subordinado y asalariado.
7.7 millones de personas están desempleadas y muy difícilmente podrán conseguir trabajo pronto y hay otras 19.3 millones ocupadas sin ingreso laboral.
El problema también tiene género: las mujeres presentan condiciones de mayor precariedad y desigualdad respecto a los hombres. Tienen menor participación laboral, más del doble de desempleo y las que trabajan padecen una brecha salarial y tienen una carga de trabajo no remunerado en labores de cuidado y domésticas de otra jornada completa.
