Tapachula (México) 22 ene (EFE).– Mientras se organizan nuevas caravanas, migrantes que se refugian en albergues de Chiapas viven con precariedad y con miedo a la deportación por el endurecimiento de las políticas migratorias mexicanas, como refleja la persecución de la Guardia Nacional hacia quienes cruzan la frontera.
Muestra de ello es el albergue Jesús El Buen Pastor, en el municipio de Tapachula, en el suroriental estado de Chiapas, donde hay más de 500 migrantes porque desde hace una semana aumentó la población con la llegada de hasta 30 personas por día. “Y no se ha ido nadie”, expresa su encargado, David López.
“Como toda persona migrante que entra a México, siempre tienen miedo de encontrarse con algún policía o con un agente de migración que los pueda detener y deportar a su país”, indica López, al destacar que la prioridad de los migrantes es encontrar un lugar seguro.
Este refugio recibe desde 2018 a migrantes de las caravanas, movilizaciones de centroamericanos que han despertado el enojo del Gobierno de Estados Unidos, que a su vez ha orillado al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a endurecer sus controles migratorios y desplegar a la Guardia Nacional para contener el flujo.
Entre 500 y mil migrantes de la primera caravana de 2020, que sumó hasta 5 mil personas, cruzaron corriendo este lunes el río Suchiate, que divide a Guatemala de México, donde estas fuerzas de seguridad golpearon, rociaron gas lacrimógeno y detuvieron a los centroamericanos.
El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que detuvieron a 402 personas, otras 40 volvieron por su cuenta a Guatemala y otras 58 se internaron por la selva, además de otros 219 hondureños deportados vía aérea por Villahermosa, Tabasco.
En contraste, el administrador del refugio pide al Gobierno “voltear su mirada” a los albergues de la frontera sur, que necesitan comida y medicina para las poblaciones vulnerables, pues el lugar se mantiene con la venta de donas que los propios migrantes elaboran por carecer de apoyo oficial o de otra institución.
“Independientemente, no miremos el color, raza, sexo o género. Y que somos seres humanos, todos tenemos que ser tratados de la misma forma, positivamente”, manifiesta Joseph Álvarez, quien llegó de Honduras el año pasado y ahora colabora en el refugio, donde ha encontrado un hogar.
Del otro lado de la ciudad, en el albergue Belén, las puertas están cerradas porque han llegado integrantes de la última caravana que temen ser descubiertos, mientras otros migrantes conversan en la calle sobre la esperanza de reunirse con sus compañeros.
“La verdad está bien duro. La entrada a México está demasiado dura. La verdad, pues no sé, los hermanos que vienen atrás, no creo, no es posible de que los dejen pasarse porque la verdad está bien enardecida la frontera”, lamenta Erson, un hondureño que acaba de llegar al albergue tras cruzar hace una semana la frontera.
Lo vivido por Erson y sus compañeros no coincide con la narrativa de López Obrador, y del Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quienes defendieron este martes el actuar de la Guardia Nacional al afirmar que hay respeto a los derechos humanos.
El Canciller Ebrard también aseveró que ingresaron al país 2 mil 400 migrantes “respetuosos” de la ley entre el sábado y el domingo, a quienes les ofrecieron distintos opciones legales, desde la deportación o “retorno asistido” hasta asilo o trabajo a través de varios programas de Gobierno.
Pero Erson, al igual que los miembros de la caravana, sólo piden la libertad de transitar sin persecución.
“Necesitamos apoyo para continuar el camino hacia adelante, lo que nosotros pedimos es un lugar de poder ir más tranquilos, que no vayamos así como vamos ahora mismo porque es mucho riesgo. La verdad es mucho riesgo”, enfatiza.
Los migrantes que han estado desde hace años en Chiapas también notan un cambio en la política migratoria, como el hondureño Luis García, que llegó hace tres años a México y se unió a una de las primeras caravanas que partieron rumbo a Estados Unidos, en 2018.
“Subimos todos, no hubo problema, nos apoyaron, pues los mexicanos nos apoyan también. Pero el problema ya es el Presidente Donald Trump que no nos deja pasar a nosotros. Nosotros los hondureños necesitamos apoyo, que nos apoyen, no queremos problemas”, cuenta desde el parque central de Tapachula.
El joven pide la intervención de las comisiones nacional y estatal de derechos humanos y de otros grupos de la sociedad civil porque ahora “está fea la situación” por el acoso de las autoridades.
Aún así, la caravana migrante se sigue organizando en Chiapas para llegar a la frontera norte e, incluso, recibe a nuevos integrantes, como el guatemalteco Natalio Monterroso, un campesino que ha tenido que dejar su tierra, San Rafael de las Flores, por la crisis climática.
“Ahí una minera nos quitó todas las riquezas que nosotros teníamos. Porque la minera está acabando porque ahorita las milpas ya no se dan. El frijol ya no se da. Y ya toditos los cafetales se terminaron, que era de lo que nosotros comíamos, pero ahorita desgraciadamente todo se fue abajo”, expone.
Del lado guatemalteco de la frontera, en Tecún Umán, centenares de migrantes todavía esperan su oportunidad para cruzar a México, si bien parece que cada vez más dispersados.
Mientras, el Gobierno mexicano ha informado ya de la deportación de tres grupos de hondureños -unas 329 personas en total- en las últimas 24 horas.
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