Después de reunirse este 9 de enero con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, los padres de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 aseguraron que hasta ahora los avances concretos en la investigación son los hallazgos de restos ubicados en 18 búsquedas realizadas en 2019, y de los que está pendiente su identificación.
Aunque se negó a dar más detalles, para no poner en riesgo las investigaciones, el abogado de las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, aseguró que los restos se encontraron en distintos municipios cercanos a Iguala y que los nuevos datos arrojan una tesis distinta a la que se había establecido en el gobierno anterior.
“La nueva hipótesis es que hubo una separación de los estudiantes y que su paradero se puede ubicar en distintos lugares en los municipios aledaños a Iguala”.
Sin embargo, explicó que la identificación de los restos está apenas en proceso y los resultados se tendrán hasta febrero o marzo. “Están participando los forenses argentinos en los trabajos de identificación, algunos restos se van a analizar en el país, otros se enviarán a la Universidad de Innsbruck”.
El encuentro con familias e integrantes de la Comisión Presidencial para la Verdad y el acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa se dio como seguimiento a las reuniones que tuvieron en septiembre y noviembre de 2019 con López Obrador.
Rosales aseguró que le pidieron al presidente avanzar más rápido en las pesquisas para esclarecer la verdad de lo sucedido con los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, en Guerrero, quienes desaparecieron en enero de 2014.
“El presidente ya habló con el fiscal especial para que haga lo propio. También con Alejandro Encinas para que pueda coordinarse con la FGR y se avance en las investigaciones”.
Rosales también precisó que hay avances en las pesquisas en los celulares de los normalistas, pero no reveló más detalles. Sobre los detenidos y los que han sido liberados, afirmó que “se está trabajando para recomponer las investigaciones y volver a ejercitar acción penal en su momento contra ellos, pero no se pueden dar más detalle”.
El año pasado, Encinas y la FGR denunciaron que por irregularidades en las indagatorias y supuesta corrupción en el Poder Judicial, importantes implicados en el caso habían sido liberados, lo cual ponía en riesgo el curso de las indagatorias.
Rosales destacó que están satisfechos porque hay avances, aunque pocos aún, pero sobre todo porque se tiene ya la construcción de un andamiaje jurídico e institucional para las investigaciones, así como la consolidación del fiscal especial, y los trabajos de toda la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia ya con mucho dinamismo, con una actividad importante en materia de búsqueda.
“Estamos contentos también porque es un hecho ya la reinstalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) con las mismas facultades que tenían. Toda esa institucionalidad fortalecida va a permitir caminar más rápido en el año 2020”.
Ayer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer que el gobierno de México aceptó su propuesta para la reinstalación GIEI.
“Es un muy fuerte mensaje y compromiso con los #DDHH para avanzar con las investigaciones y se alcance la verdad y la justicia para los familiares de los #43 estudiantes”, escribió en su cuenta de Twitter.
El GIEI fue producto de un acuerdo de asistencia técnica entre el gobierno federal y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el que los padres de familia de los normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, solicitaban a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el apoyo de expertos para las investigaciones independientes del caso.
En 2015, el GIEI presentó resultados de sus investigaciones, que descartaban la hipótesis de que los normalistas fueron asesinados y sus cuerpos incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, como lo afirmó el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam. Pero el grupo tuvo que suspender su labor cuando terminó su periodo de actuación y el gobierno pasado no amplió el mandato para que continuaran.
Al hacer el balance de un año de trabajo, Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascención Bautista, aseguró “para nosotros los resultados hasta ahorita son poco, pero sí hay avances. Quisiéramos que nos dieran los resultados lo más pronto posible pero no se puede. El gobierno anterior no escuchó nuestras peticiones, fueron cuatro años de mentiras y este lleva un año y hay pocos avances pero sí hay”.
