Una investigación del Human Rights Center (HRC) de la Universidad de California en Berkeley documentó el asesinato de 337 periodistas y defensores de derechos humanos durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, además de casos de vigilancia con Pegasus y otras herramientas de espionaje utilizadas, según sus hallazgos, por instituciones militares.
El estudio, titulado “Bajo ataque: Persecución de periodistas y defensores de los derechos humanos en México”, analiza el periodo comprendido entre diciembre de 2018 y septiembre de 2024 y sostiene que los asesinatos fueron la parte más visible de un conjunto de agresiones que también incluyó vigilancia, acoso digital, estigmatización, procesos legales abusivos y altos niveles de impunidad.
De acuerdo con la investigación, de las 337 víctimas contabilizadas, 78 eran periodistas y 259 defensores de derechos humanos. El HRC explica que llegó a esta cifra mediante la verificación y depuración de registros existentes, y que su investigación documentó además 75 casos de asesinatos, desapariciones forzadas y otras formas graves de violencia física.
El centro de Berkeley sostiene que estos hechos ocurrieron en un contexto en el que periodistas y defensores que investigaban o denunciaban delincuencia, corrupción, abusos de autoridades y otros asuntos de interés público fueron objeto de distintas formas de presión.
“Lo que hemos documentado es una campaña sostenida para castigar a los vigilantes cívicos por sus reportajes y su labor de defensa. Se les trató como enemigos del Estado por exigir responsabilidades al poder”, señaló Lindsay Freeman, directora sénior de Responsabilidad Internacional del HRC.
Pegasus y vigilancia militar
Uno de los apartados centrales de la investigación se refiere al espionaje. El HRC afirma que, pese a las declaraciones públicas de López Obrador de que su gobierno no espiaba a periodistas o críticos, su análisis forense y documental encontró evidencia del uso de Pegasus, desarrollado por NSO Group, además de otras herramientas de vigilancia.
La investigación vincula la adquisición y operación de estos sistemas con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), utilizando, entre otras fuentes, documentos de adquisiciones, expedientes judiciales y alrededor de seis terabytes de correos electrónicos y documentos internos de la dependencia expuestos tras la filtración de Guacamaya en 2022.
El HRC también documentó el uso de herramientas como Geomatrix, de Rayzone, y señaló que entre 2019 y 2023 se utilizó Cellebrite UFED, tecnología capaz de extraer y analizar información almacenada en teléfonos celulares y otros dispositivos.
Señalamientos desde las conferencias presidenciales
Otro componente de la investigación analiza las conferencias matutinas de López Obrador y los señalamientos públicos contra periodistas y defensores.
El equipo de Berkeley realizó un análisis asistido por inteligencia artificial de más de mil 400 conferencias presidenciales, con el propósito de identificar patrones relacionados con señalamientos, estigmatización y ataques contra quienes ejercían labores de vigilancia sobre el poder público.
El estudio también documentó campañas de acoso digital, así como el uso de procesos civiles y penales contra críticos, y plantea que estos mecanismos deben analizarse de manera conjunta con los casos de violencia física y vigilancia.
Impunidad de hasta 99%
La investigación estima que la impunidad por delitos cometidos contra periodistas y defensores se mantuvo aproximadamente entre 93% y 99% durante el periodo analizado. El HRC sostiene que la ausencia de consecuencias constituyó uno de los elementos centrales del contexto de violencia documentado.
El centro aclara que su investigación no se limita a contabilizar asesinatos, sino que busca determinar si la combinación de violencia, vigilancia, hostigamiento y falta de castigo puede ser analizada como un patrón sistemático.
De hecho, la investigación fue concebida inicialmente como un posible expediente para la Corte Penal Internacional (CPI). Sin embargo, el HRC explicó que las sanciones de EEUU contra la CPI impidieron utilizar esa vía legal y el proyecto terminó convirtiéndose en una plataforma pública de investigación y documentación.
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La plataforma reúne una base de datos de víctimas, 75 expedientes de casos, el análisis de las conferencias presidenciales, organigramas del aparato de seguridad y apartados específicos sobre vigilancia, acoso digital, procesos legales, violencia e impunidad.
El propio HRC señala que la investigación plantea una cuestión jurídica que tendría que ser examinada por las autoridades competentes: si el conjunto de hechos documentados puede constituir un ataque generalizado o sistemático contra una población civil conforme al Estatuto de Roma. Esa determinación, sin embargo, corresponde a las instancias judiciales competentes y no queda establecida únicamente por la investigación académica.
Con información de El Universal
