El mexicano Javier Aguilar, de 52 años y residente en Houston, Texas, fue sentenciado en una corte federal de Brooklyn, Nueva York, a cuatro años de prisión por su participación en dos esquemas internacionales de sobornos a funcionarios de Ecuador y México para obtener contratos millonarios para la empresa Vitol Inc., donde trabajó como operador comercial.
Además de la pena de prisión, Aguilar deberá entregar 7.13 millones de dólares en decomiso y pagar una multa de 100 mil dólares, de acuerdo con el Departamento de Justicia de EEUU.
Según documentos judiciales y las pruebas presentadas durante el juicio, Aguilar y sus cómplices pagaron más de un millón de dólares en sobornos a funcionarios de la petrolera estatal ecuatoriana Petroecuador y de PEMEX Procurement International (PPI), filial de Petróleos Mexicanos, con el propósito de obtener y conservar contratos para Vitol.
En el caso mexicano, las autoridades estadounidenses determinaron que Aguilar y sus cómplices entregaron aproximadamente 600 mil dólares a dos funcionarios de PPI para conseguir contratos que permitieran a Vitol suministrar cientos de millones de dólares de gas etano a Pemex. Para ocultar los pagos utilizaron empresas fantasma, contratos falsos, facturas ficticias y cuentas de correo electrónico con nombres falsos.
El otro esquema estuvo relacionado con Ecuador, donde Aguilar y sus cómplices acordaron pagar sobornos a altos funcionarios de Petroecuador para conseguir para Vitol un contrato valuado en 300 millones de dólares para la compra de combustóleo. Para concretar la operación utilizaron una entidad estatal de Medio Oriente con el objetivo de sortear las restricciones que impedían a Petroecuador contratar directamente con empresas privadas.
La investigación estadounidense estableció que las operaciones ilícitas fueron ocultadas mediante una red de sociedades constituidas en Curazao, Panamá y las Islas Caimán, además de contratos simulados y facturas falsas. Un jurado federal declaró culpable a Aguilar en 2024 por cargos relacionados con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y lavado de dinero, mientras que posteriormente se declaró culpable por cargos derivados del esquema de sobornos en México.
El caso también alcanzó a Vitol. En diciembre de 2020, la empresa admitió haber sobornado a funcionarios de Ecuador, México y Brasil y aceptó pagar 135 millones de dólares en multas como parte de un acuerdo con autoridades estadounidenses y brasileñas.
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Siete cómplices de Aguilar, incluidos tres funcionarios de gobiernos extranjeros, se declararon culpables por su participación en los esquemas y acordaron entregar conjuntamente más de 63 millones de dólares provenientes de las operaciones ilícitas.
La sentencia de Aguilar representa el cierre de una de las etapas judiciales de un caso que expuso mecanismos de corrupción utilizados para obtener contratos en el sector energético. Las autoridades estadounidenses señalaron que continuarán utilizando la FCPA para perseguir esquemas de soborno internacional que involucren el sistema financiero de EEUU.
