Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) mantendrá bajo reserva durante cinco años las grabaciones, peritajes, entrevistas y otros documentos de las investigaciones relacionadas con Mauro Alberto Núñez Ojeda, ‘El Jando‘, identificado como el piloto que trasladó a Ismael ‘El Mayo’ Zambada y Joaquín Guzmán López de Culiacán a Estados Unidos en julio de 2024.
La información permanecerá clasificada hasta 2031, luego de que el Comité de Transparencia de la FGR confirmó la reserva el pasado 19 de agosto.
La decisión respondió a una solicitud de información de El Universal, que también pidió una versión pública de los documentos.
La FGR argumentó que divulgar los expedientes representaría un “riesgo real, demostrable e identificable para la seguridad nacional”, debido a que forman parte de investigaciones que continúan en curso.
Según el oficio FGR/UETAG/0042 15/2026, hacer públicos los documentos permitiría conocer líneas de investigación, evidencias y diligencias del Ministerio Público Federal, lo que podría afectar la persecución de delitos y la eficacia de las indagatorias.
La reserva incluye grabaciones, peritajes, entrevistas y otros registros relacionados con Núñez Ojeda. La fiscalía también señaló que divulgar esta información podría afectar los derechos humanos de las personas involucradas.
La clasificación ocurre después de que la FGR reconociera que inicialmente no tenía identificado a ‘El Jando’ como el piloto que trasladó a ‘El Mayo’ Zambada.
El pasado 15 de julio informó que encontró indicios que permitieron establecer coincidencias entre la voz y las huellas dactilares de Núñez Ojeda y las del piloto.
De acuerdo con la FGR, esas coincidencias corresponden al piloto que el 25 de julio de 2024 trasladó a ‘El Mayo’ y Joaquín Guzmán López desde Culiacán hacia Nuevo México.
El traslado ocurrió el mismo día en que ‘El Mayo’ fue llevado contra su voluntad a Estados Unidos, según la versión difundida sobre el operativo.
La resolución establece que la información permanecerá reservada “por un periodo de cinco años o hasta que se extingan las causas que dieron origen a su clasificación”.
La FGR advirtió además que los servidores públicos que divulguen información de las carpetas podrían enfrentar responsabilidades penales y administrativas.
