Las crisis económicas rara vez aparecen de un día para otro. Antes de estallar, envían señales que pueden parecer aisladas: familias que se endeudan más, empresas que invierten menos, ingresos públicos que se debilitan y deuda que sigue creciendo. Pero cuando todo ocurre al mismo tiempo, esas señales dejan de ser datos sueltos y empiezan a contar una misma historia: la economía mexicana está entrando en un círculo de menor capacidad financiera.
Ese círculo empieza en los hogares, donde la cartera vencida en créditos al consumo alcanzó un máximo histórico de 61 mil 695 millones de pesos y los impagos en tarjetas de crédito crecieron 48% anual. El dato importa no sólo por su tamaño, sino por lo que revela: muchas familias están usando el crédito para sostener gastos cotidianos que antes podían cubrir con su ingreso. Cuando una tarjeta comienza a financiar la despensa, el transporte o los servicios básicos, el problema ya no es sólo bancario; es una señal de que el ingreso familiar está perdiendo resistencia. La presión sobre los hogares se explica, en parte, por una economía que genera menos oportunidades. La manufactura acumula 27 meses en contracción y la inversión privada retrocedió en el primer trimestre, lo que reduce la capacidad de las empresas para producir, contratar y mejorar salarios. Así, la cartera vencida no aparece como un fenómeno aislado, sino como la consecuencia visible de un menor dinamismo económico que termina trasladándose al bolsillo de las familias.
Ese debilitamiento también llega a las finanzas públicas. Cuando la economía pierde fuerza, el gobierno recauda menos: la recaudación tributaria cayó 1.4%, el ISR disminuyó 5.8% y tuvo su peor desempeño para un periodo similar desde 2009, mientras los ingresos petroleros quedaron cerca de 120 mil millones de pesos por debajo de lo programado. El problema es que esta caída ocurre justo cuando el Estado necesita más recursos para atender presiones sociales, sostener servicios públicos y mantener inversión. Ahí aparece otro foco rojo: el gasto en pensiones ya supera los 693 mil millones de pesos y crece más rápido que buena parte del presupuesto. No se trata de cuestionar un derecho adquirido, sino de reconocer que cada peso comprometido de manera permanente reduce el margen para financiar infraestructura, educación, salud, seguridad e innovación. Es decir, el Estado destina más recursos a obligaciones inevitables, pero cuenta con menos espacio para invertir en aquello que podría reactivar el crecimiento.
Por eso el aumento de la deuda pública debe leerse con cuidado. Endeudarse no es negativo si los recursos se destinan a proyectos que eleven la productividad y fortalezcan el futuro económico del país. Lo preocupante es que la deuda comience a sustituir el margen perdido por una economía que crece menos, recauda menos y enfrenta gastos cada vez más rígidos. Cuando eso ocurre, el endeudamiento deja de ser una palanca de desarrollo y se convierte en una forma de ganar tiempo. Quizá por eso muchas personas sienten que la economía real no coincide con los discursos optimistas. Lo perciben en sus ventas, en la dificultad para pagar una tarjeta, en un empleo que tarda más en llegar o en un ingreso que rinde menos. La economía siempre termina expresándose primero en la vida cotidiana y después en las estadísticas.
México todavía no está frente a una crisis, pero sí frente a una advertencia que conviene tomar en serio. Las familias pierden liquidez y usan crédito; las empresas invierten menos y frenan el crecimiento; el gobierno recauda menos, gasta más en obligaciones rígidas y recurre a mayor deuda. Cada dato por separado puede parecer manejable, pero juntos describen una economía que consume sus propios amortiguadores. Porque una economía es fuerte cuando las familias pueden ahorrar, las empresas invertir y el Estado impulsar el desarrollo; cuando las familias sobreviven con crédito y el Estado con deuda, el verdadero riesgo no está sólo en el presente, sino en la capacidad para enfrentar el siguiente golpe económico.
Moisés Gómez Reyna, economista y maestro en derecho constitucional
