La próxima audiencia judicial del expresidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, fue aplazada del 30 de junio al 22 de julio, luego de una solicitud presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ante el juez federal Alvin K. Hellerstein.
La petición fue promovida por el fiscal federal Jay Clayton y contó con el consentimiento de los abogados defensores de ambos acusados, quienes enfrentan un proceso judicial en Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con narcoterrorismo, conspiración para exportar drogas y uso de armas.
De acuerdo con la comunicación enviada al tribunal, el Gobierno estadounidense justificó el cambio de fecha debido a necesidades operativas relacionadas con el traslado y resguardo de los procesados.
“para evitar problemas logísticos y de programación en relación con la provisión de transporte seguro y seguridad para el 30 de junio”.
Fiscalía busca ampliar el periodo para intercambio de pruebas
Además de solicitar el aplazamiento, la Fiscalía pidió que el periodo comprendido entre el 30 de junio y el 22 de julio quede excluido de los plazos contemplados en la Ley de Juicio Rápido de Estados Unidos.
Según el documento judicial, el tiempo adicional permitirá continuar con el proceso de descubrimiento de pruebas, así como facilitar que la defensa analice el material entregado por los fiscales y determine las posibles mociones previas al juicio.
La solicitud también busca garantizar que ambas partes cuenten con el tiempo suficiente para preparar los siguientes pasos del proceso antes de una eventual fase de juicio.
Maduro y Flores permanecen detenidos en Nueva York
Maduro y Flores permanecen recluidos en una prisión federal de Nueva York desde su captura en Venezuela el pasado 3 de enero, en el marco de un operativo militar ordenado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Ambos han comparecido en varias ocasiones ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York y se han declarado no culpables de todos los cargos presentados por la justicia estadounidense.
El caso se ha convertido en uno de los procesos judiciales de mayor impacto político internacional de los últimos años debido a las implicaciones diplomáticas y legales derivadas de la detención de quien gobernó Venezuela durante más de una década.
Defensa podrá ser financiada por el Gobierno venezolano
Uno de los puntos que generó controversia durante las audiencias previas fue el financiamiento de la defensa legal de los acusados.
Tras diversas disputas judiciales, la defensa de Maduro y Flores logró que el tribunal autorizara que sus honorarios puedan ser cubiertos por el Gobierno venezolano, pese a la oposición inicial de las autoridades estadounidenses. Sin embargo, el juez impuso restricciones para proteger la integridad de la investigación.
Entre las medidas adoptadas, se prohibió que la defensa comparta evidencia del caso con otros acusados que permanecen prófugos o que aún no han sido detenidos, entre ellos el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello.
Mientras continúa la etapa de revisión de pruebas y preparación de alegatos, la nueva audiencia del 22 de julio marcará un paso importante en el avance del proceso judicial que enfrenta la pareja venezolana en territorio estadounidense.
Con información de EFE
