La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enviará este jueves a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el objetivo de establecer mecanismos que permitan a los partidos políticos conocer si sus candidatos tienen posibles vínculos con la delincuencia organizada.
La mandataria explicó que tomó la decisión de presentar esta propuesta para que sea discutida en el próximo periodo extraordinario, debido a que “desde que entramos (al gobierno) hemos vivido algunos casos, lo subrayo, de vínculo entre algunas presidencias municipales y la delincuencia organizada”.
La iniciativa contempla la creación de una comisión de verificación e integridad de candidaturas, integrada por cinco consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE). Este organismo trabajaría en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para revisar si existe un “posible riesgo razonable” de vínculos con grupos delictivos.
De acuerdo con la propuesta, los partidos políticos entregarían de manera voluntaria la lista de sus candidatos a esta comisión y, con base en los resultados de la investigación, serían responsables de decidir si registran o no candidaturas en las que se confirme alguna relación con actividades criminales.
Además, en caso de encontrarse información relevante, las instituciones del Estado continuarían con las investigaciones correspondientes.
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Sheinbaum recordó que al inicio de su administración, mediante la operación Enjambre, fueron detenidos presidentes municipales y trabajadores de ayuntamientos relacionados con actividades ilícitas.
“Después vino el caso de Teuchitlán, donde el alcalde de Movimiento Ciudadano fue detenido por tener vínculos delincuenciales; luego el caso de Tequila”, señaló la presidenta, al agregar que ayer también fueron detenidos dos alcaldes y trabajadores municipales en Morelos.
La titular del Ejecutivo federal precisó que “mucho de esto fue denuncia que me hizo la ciudadanía y yo pedí que hubiera investigación”.
Añadió que, tras los hechos registrados en Morelos, surgió la necesidad de analizar mecanismos para fortalecer las capacidades del INE en este tipo de revisiones.
“Desde que pasó lo de Morelos, planteamos qué se podía hacer para que el INE tenga las capacidades para poder hacer por lo menos una investigación. Obviamente todo tiene que estar en el marco de la presunción de inocencia que marca nuestra Constitución y las leyes”, indicó.
La mandataria subrayó que se trata de “casos aislados, no es una cosa generalizada”, pero consideró importante que, rumbo a las elecciones de 2027, exista un mecanismo que permita a los partidos conocer si las personas postuladas tienen antecedentes relacionados con la delincuencia organizada.
