El gobierno de Alfonso Durazo (2021-2027) inició su gestión con el anuncio de grandes obras que auguraban una etapa de fuerte inversión y desarrollo para el estado. Entre ellos destacaban la explotación del litio en Bacadéhuachi, la planta de licuefacción de gas en Puerto Libertad y la relocalización de la vía del tren hacia la frontera de Nogales. Sin embargo, a la fecha, los tres proyectos se encuentran estancados, sin avances claros y con incertidumbre sobre su futuro.
El litio de Bacadéhuachi
El primero de estos proyectos es el del litio en Bacadéhuachi, presentado como una oportunidad histórica para insertar a Sonora en la cadena global de producción de baterías y vehículos eléctricos. AMLO corrió a los chinos, lo nacionalizó y con bran bombo y platillo creó una paraestatal para explotarlo. No obstante, enfrenta obstáculos importantes. Por un lado, aún no existe una tecnología viable y rentable a gran escala para procesar el litio contenido en arcillas. Por otro, el proyecto se encuentra detenido por un proceso de arbitraje internacional derivado de la cancelación de concesiones tras la nacionalización del mineral. Mientras persista este litigio, su desarrollo seguirá en pausa. ¡Lástima, Margarito!
La planta de gas de Puerto Libertad
El segundo caso es la planta de licuefacción de gas en Puerto Libertad, promovida por la empresa texana LNG Gas Mexico Pacific como una inversión de gran escala para exportar gas hacia Asia. Este proyecto también se ha visto frenado, principalmente por la falta de permisos ambientales y por una serie de amparos interpuestos por comunidades y organizaciones ambientalistas. A ello se suman las preocupaciones científicas sobre el impacto en el ecosistema del Golfo de California, particularmente en especies como las ballenas. La empresa incluso ha solicitado extender los plazos de operación hasta la próxima década, lo que refleja la magnitud de los obstáculos.
El tren a Nogales
El tercer proyecto es la reubicación de la vía ferroviaria en Nogales, concebida como una obra estratégica para mejorar la conectividad logística con Estados Unidos. Después de varios años de trabajos iniciales desarrollados por la Secretaría de la Defensa Nacional, la obra se encuentra detenida y abandonada por falta de recursos presupuestales, conflictos sociales, cuestionamientos ambientales y un aumento significativo en los costos proyectados. Hoy, lo que queda son tramos inconclusos, maquinaria abandonada y una obra sin fecha clara de reactivación.
¿Y los otros proyectos?
Ante este panorama, vale la pena preguntarse cuál es la situación de los otros proyectos emblemáticos del llamado Plan Sonora.
Sobre el parque fotovoltaico de Puerto Peñasco, ¿Ya se construyó la línea de transmisión para integrar el sistema eléctrico de Baja California al sistema nacional? ¿Ha contribuido a atraer nuevas inversiones a la región? ¿Ya contamos con capacidad suficiente de suministro eléctrico como para que no haya apagones?
¿Cuál es el avance de la carretera Guaymas -Chihuahua? ¿Se va a concluir en este gobierno estatal? Lo mismo hay que preguntar sobre la modernización del puerto de Guaymas como puerto de altura.
Aparentemente la única gran obra que se ha concluido plenamente es la carretera Bavispe-Casas Grandes.
Más allá de la grilla política, estos casos invitan a una reflexión más amplia sobre las políticas de inversión y capacidad financiera de nuestros gobiernos para la ejecución de grandes proyectos. Recodemos que el régimen actual, con su rechazo al neoliberalismo, no es proclive a aceptar a la inversión privada, ni a la inversión conjunta y ha resultado poco atractivo para la inversión extranjera. Al contrario, ahora son los militares quienes hacen la obra pública. ¿A dónde nos conducen estas políticas de infraestructura?
Buena parte información aquí presentada está tomada del blog de Jesús Ibarra (jesusibarrablog.wordpress.com). Las opiniones y preguntas son del autor de la columna.
