El Congreso de Sonora aprobó una reforma al Código Penal estatal que fortalece la tipificación del delito de abuso sexual, amplía las conductas sancionables y endurece las medidas de protección para víctimas, especialmente mujeres, niñas, niños y personas en situación de vulnerabilidad.
La iniciativa fue presentada por la diputada María Alicia Gaytán Sánchez y contempla modificaciones a los artículos 213 y 214 del Código Penal del Estado.
La legisladora explicó que uno de los principales cambios consiste en precisar con mayor claridad qué conductas constituyen abuso sexual, incluyendo actos de naturaleza sexual realizados sin consentimiento y situaciones en las que la víctima sea obligada a observar o ejecutar actos sexuales.
Entre los puntos centrales de la reforma destaca la incorporación de criterios más específicos sobre el consentimiento, estableciendo que éste no podrá presumirse por silencio, pasividad o falta de resistencia física.
Además, la nueva redacción señala que el consentimiento será inválido cuando exista violencia, intimidación, amenazas, engaño o abuso de poder.
La reforma también establece nuevas sanciones económicas proporcionales a la gravedad de cada caso. Para el tipo base del delito se fijaron multas de entre 200 y 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
En casos donde la víctima sea menor de 12 años, las multas irán de 70 a 90 UMAs, mientras que para personas que no puedan comprender el hecho o resistirse debido a discapacidad, enfermedad o pérdida del sentido, las sanciones económicas serán de entre 100 y 150 UMAs.
La diputada morenista destacó además que se ampliaron las agravantes cuando el delito sea cometido por servidores públicos, profesionistas o ministros de culto, así como en situaciones donde exista relación de confianza, vulnerabilidad, embarazo o estado de indefensión de la víctima.
Otro de los cambios relevantes es que el agresor estará obligado a garantizar la reparación integral del daño, incluyendo atención psicológica especializada hasta la recuperación total de la víctima.
Gaytán Sánchez sostuvo que la reforma busca armonizar la legislación sonorense con estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, violencia de género y protección integral de las víctimas.
“Esta reforma responde al compromiso de garantizar el derecho de todas las personas, especialmente mujeres, niñas y niños, a vivir una vida libre de violencia”, destacó la legisladora.
