La Comisión Nacional Antimonopolio presentó una demanda colectiva contra 53 empresas distribuidoras de gas licuado de petróleo (LP), a fin de que reparen el daño causado a consumidores tras una colusión que se extendió por más de diez años en diversas regiones del país.
De acuerdo con el organismo regulador, la acción legal busca que las compañías otorguen descuentos en el precio del gas LP a los usuarios afectados, como una forma de compensar los sobreprecios que se habrían aplicado durante ese periodo.
La demanda deriva de una resolución previa en la que se identificó y sancionó un acuerdo colusorio entre diversas empresas, entre ellas Grupo Soni, Grupo Simsa, Grupo Nieto, Grupo Tomza, Grupo Global Gas y Gas Metropolitano, las cuales habrían manipulado precios y repartido clientela.
Según la CNA, estas prácticas se llevaron a cabo en la Ciudad de México, el Estado de México, así como en distintas localidades de Colima, Tamaulipas y Sinaloa, generando un impacto directo en millones de consumidores.
El organismo estimó que el daño económico supera los 13 mil millones de pesos (más de 720 millones de dólares), derivado de sobreprecios sostenidos en uno de los combustibles más utilizados en los hogares mexicanos.
“Derivado de lo anterior, la CNA decidió presentar esta demanda colectiva para que, además de las multas administrativas impuestas, los infractores reparen el daño causado a la sociedad”, señaló la comisión en un comunicado.
El gas LP es un insumo esencial en México: ocho de cada diez hogares lo utilizan como principal fuente de energía para preparar alimentos, de acuerdo con datos oficiales, por lo que cualquier alteración en su precio impacta directamente en el gasto familiar.
Esta acción se suma a sanciones previas impuestas por la entonces Comisión Federal de Competencia Económica, que en noviembre de 2022 multó con 2 mil 414 millones de pesos a 53 empresas y 34 personas físicas por prácticas monopólicas absolutas en este sector.
Con la demanda colectiva, la CNA busca ir más allá de las multas y lograr beneficios tangibles para los consumidores, además de enviar un mensaje de cero tolerancia frente a abusos en mercados que afectan directamente la economía de la población.
