Hermosillo, Sonora.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prohibió al municipio de Hermosillo poseer, aprovechar y transmitir los derechos de propiedad de inmuebles declarados en abandono.
De manera unánime, los ministros determinaron que los municipios no pueden tomar posesión ni disponer del uso o aprovechamiento de inmuebles privados, aun cuando se encuentren en abandono, ya que esa regulación corresponde al Congreso estatal.
Con esto en cuenta, el ministro Giovanni Azael Figueroa explicó que se decidió invalidar diversos artículos de una norma de Hermosillo que permitía al municipio ocupar viviendas para rentarlas a terceros o transferir derechos posesorios a inmobiliarias.
“En el segundo apartado se analizan las disposiciones combatidas de lo que se percibe que no solo son medidas de verificación, control y atención de inmuebles abandonados, sino que permiten al municipio asumir un rol de posesorio y disponer del uso o goce del inmueble a favor de terceros, ya sea para servicios públicos o para vivienda temporal, lo que limita atributos de la propiedad privada”.
El Ayuntamiento había invadido facultades del Congreso estatal al autorizar la posesión y uso de inmuebles mediante los artículos 3, 8, 10, 11, 12 y 15 del Reglamento para Sustanciar y Emitir Declaratorias de Abandono y Posesión de Inmuebles Baldíos, Edificaciones y Viviendas, por lo que dichas disposiciones fueron invalidadas.
Por su parte, la ministra Loretta Ortiz mencionó que se avalan normas relacionadas con la posibilidad de emitir declaratorias de abandono de inmuebles, encaminadas a cuestiones administrativas y de ordenamiento territorial como sanciones o limpieza de inmuebles, pero que el municipio no puede poseer los predios abandonados como tal.
“Comparto la conclusión de que el Ayuntamiento de Hermosillo excedió su potestad reglamentaria, pues si bien los municipios cuentan con facultades en materia de asentamientos humanos y gestión urbana, lo cierto es que las disposiciones impugnadas inciden directamente en los atributos de la propiedad privada, particularmente en el uso, goce y disposición de los inmuebles, lo cual constituye una materia reservada al ámbito legislativo”.
El Ayuntamiento de Hermosillo cuenta con programas con el que atiende el tema de casas abandonas, uno es ‘Con Hogar Creces‘, que permite rehabilitar viviendas que presentan basura acumulada, vandalismo o usan para actividades ilícitas, y entregarlas a familias en situación de vulnerabilidad.
Por su parte, el alcalde Antonio Astiazarán afirmó que el problema de los inmuebles en desuso sigue siendo una realidad en la ciudad y explicó las acciones que su administración ha impulsado para atenderlo.
“Nosotros tenemos en un censo identificadas a más de mil 850 viviendas que están en estado de abandono, muchas de ellas en ocasiones se utilizan precisamente para la drogadicción, para la inseguridad”, expresó.
Astiazarán recordó que el esquema inicial para atender este problema fue modificado, que consistía en declarar un inmueble como abandonado y permitir su uso por parte del Ayuntamiento.
Actualmente se trabaja bajo el programa ‘Aliados por la vivienda’, en coordinación con el Infonavit y la Promotora Inmobiliaria de Hermosillo, con el objetivo de recuperar viviendas deshabitadas, indicó el presidente municipal.
“La promotora inmobiliaria de Hermosillo va a adquirir 340, 320 viviendas en un primer paquete, ya nos dieron las viviendas dónde están ubicadas y en qué condiciones jurídicas se encuentran, ahorita estamos en el proceso de la revisión legal”, explicó.
Agregó que, una vez adquiridas, se definirá el destino de los inmuebles dependiendo de las condiciones de cada caso.
“Esas se van a comprar por parte de la promotora inmobiliaria y una vez adquiridas se verá la mejor modo si es a través de renta, si es a través de venta, dependiendo de las condiciones de cada una de las familias”.
El alcalde subrayó que el objetivo del programa es atender tanto la demanda de vivienda como el problema de abandono de inmuebles en la ciudad. Añadió que el Ayuntamiento ha recibido más de 700 solicitudes de familias que piden acceso a una vivienda.
