La presidenta Claudia Sheinbaum desestimó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU que recientemente activó el Artículo 34 de la Convención Internacional para llevar el caso de México ante la Asamblea General de Naciones Unidas.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria aseguró que el rechazo al documento no implica abandonar la búsqueda de personas desaparecidas, sino que responde a fallas metodológicas que, afirmó, invalidan sus conclusiones.
Sheinbaum explicó que el análisis del comité se basa únicamente en información de cuatro estados del país y en un periodo comprendido entre 2009 y 2017, es decir, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Además, criticó que los resultados obtenidos en ese lapso sean proyectados hasta la actualidad.
“Los resultados que obtienen de ese análisis, los extrapolan hasta el 2025”, señaló, al considerar que esa metodología no refleja la realidad actual de México.
También puntualizó que el CED es un grupo de expertos vinculado a la ONU, pero no un comité directo del organismo, lo que —dijo— debe tomarse en cuenta al evaluar sus conclusiones.
Otro de los puntos centrales de su postura fue la definición de desaparición forzada. De acuerdo con la presidenta, tanto la normativa internacional como la del propio comité establecen que este delito ocurre cuando es cometido por el Estado, generalmente con fines políticos.
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Bajo ese criterio, sostuvo que el informe no se ajusta a su propio marco, ya que el gobierno mexicano “no tolera, no permite ni ordena desapariciones forzadas”, y rechaza su uso como mecanismo de represión.
La mandataria afirmó que antes de la publicación del informe, las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación enviaron información sobre avances implementados desde 2019, entre ellos reformas legales, coordinación con colectivos de búsqueda y la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Sin embargo, indicó que estos datos no fueron considerados en el análisis del comité.
Sheinbaum adelantó que ambas dependencias ampliarán la información en los próximos días y que el gobierno buscará establecer comunicación directa con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU para exponer su postura.
Reitera compromiso con familias de desaparecidos
La presidenta subrayó que el desacuerdo con el informe no afecta el trabajo que realiza el gobierno con colectivos y familiares de personas desaparecidas.
“Esto no tiene nada que ver con el trabajo que hacemos con los colectivos ni con la solidaridad que tenemos con madres y padres de familia”, afirmó.
Finalmente, reiteró que su administración mantiene como prioridad la erradicación de las desapariciones, particularmente las vinculadas al crimen organizado.
