El Senado de la República aprobó con 115 votos a favor y seis abstenciones una reforma constitucional enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con la cual se busca poner fin a las llamadas “pensiones doradas”.
La iniciativa pretende eliminar las pensiones consideradas excesivas que perciben algunos exfuncionarios y exdirectivos de empresas estatales y organismos públicos. Con esta medida, se estima un ahorro anual cercano a los cinco mil millones de pesos.
Tras su aprobación en el Senado, el dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados, donde deberá ser analizado, discutido y votado.
Cambios que plantea la reforma
La propuesta modifica el artículo 127 de la Constitución para establecer que ninguna pensión otorgada en el país podrá superar la mitad del salario mensual de la persona titular del Poder Ejecutivo federal, lo que equivale aproximadamente a 70 mil pesos mensuales.
La disposición contempla excepciones para integrantes de las Fuerzas Armadas y otros casos específicos que determine la ley.
Aunque todos los grupos parlamentarios manifestaron su respaldo a la iniciativa, legisladores de oposición expresaron inquietudes sobre el alcance de la reforma y la posibilidad de que se aplique de manera retroactiva.
Durante la sesión, la senadora de Morena, Beatriz Mojica, presentó a sus compañeros a la cantante Mariana Seone, quien acudió como invitada especial de la legisladora.
Buscan eliminar pensiones excesivas
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, señaló que actualmente existen miles de personas que reciben pensiones muy elevadas con recursos públicos.
Indicó que uno de los casos más representativos corresponde a un ex trabajador de la extinta Luz y Fuerza del Centro, quien percibe más de un millón de pesos mensuales por concepto de pensión.
El legislador afirmó que la reforma tiene como objetivo ordenar el sistema de jubilaciones financiadas con recursos públicos. Aclaró que no se busca eliminar las pensiones, sino garantizar que las personas trabajadoras puedan acceder a un retiro digno, evitando al mismo tiempo beneficios desproporcionados pagados con dinero público.
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza Cázarez, explicó que la iniciativa pretende asegurar que ningún servidor público perciba una remuneración mayor a la de la persona titular del Poder Ejecutivo federal.
Detalló que las jubilaciones o pensiones del personal de confianza de empresas públicas del Estado y de organismos descentralizados —en cualquiera de los tres niveles de gobierno— no podrán exceder la mitad del salario establecido para la Presidencia de la República en el presupuesto correspondiente. Asimismo, ningún ordenamiento laboral podrá fijar límites superiores a ese monto.
Excepciones y disposiciones transitorias
Inzunza Cázarez explicó que quedan excluidas de este tope las pensiones de integrantes de las Fuerzas Armadas, aquellas derivadas de aportaciones sindicales en sistemas de ahorro complementario y la pensión no contributiva.
Además, en los artículos transitorios se establece que, una vez que la reforma entre en vigor, todas las jubilaciones y pensiones que no estén dentro de las excepciones deberán ajustarse al nuevo límite máximo, incluso las que ya se encuentran vigentes.
También se prevé que la aplicación del decreto se realice con los presupuestos ya aprobados, sin autorizar ampliaciones ni incrementos en el gasto operativo.
Posturas de la oposición
La senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, anunció que votaría a favor de la reforma con el propósito de limitar las pensiones excesivas en el sector público y avanzar hacia una mayor justicia social. No obstante, advirtió que la propuesta podría implicar riesgos, entre ellos la retroactividad.
Barrales cuestionó que la iniciativa excluya a las Fuerzas Armadas y a integrantes del Poder Judicial, incluidos los ministros.
Por su parte, el senador del PAN, Francisco Javier Ramírez Acuña, consideró que el debate es relevante porque implica definir si el Estado mexicano mantendrá la coherencia con los principios constitucionales previamente reconocidos o si permitirá modificaciones que alteren derechos ya consolidados, lo que podría afectar la confianza de la ciudadanía en la estabilidad del marco jurídico.
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En tanto, la senadora del PRI, Carolina Viggiano, cuestionó el origen de la reforma y señaló que durante el sexenio anterior se siguieron autorizando recursos para estas pensiones en el Presupuesto de Egresos de la Federación.La legisladora sostuvo que dichos beneficios no surgieron recientemente y sugirió que el tema podría estar vinculado a disputas internas dentro del gobierno.
Con Información de Milenio
