La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de tres hombres señalados por su probable participación en los delitos de privación ilegal de la libertad en grado de tentativa y asociación delictuosa, hechos ocurridos en Hermosillo.
Los imputados fueron identificados como David Eduardo “N”, de 23 años; Jesús Gabriel “N”, de 20; y Esteban Noé “N”, también de 23, quienes presuntamente intentaron privar de la libertad a un hombre de 37 años.
De acuerdo con las investigaciones, los hechos se registraron el 21 de febrero sobre el bulevar Lázaro Mercado, en la colonia Villas del Rea, donde los tres señalados, acompañados por un adolescente, interceptaron a la víctima utilizando un vehículo Volkswagen Jetta blanco, modelo 2014.
Según la indagatoria, los agresores golpearon al hombre con el automóvil y lo amenazaron con armas de fuego con la intención de obligarlo a subir al vehículo. No obstante, la víctima logró escapar y refugiarse en un establecimiento comercial cercano.
Las autoridades indicaron que los sujetos ingresaron al negocio portando armas de fuego con la intención de localizar al afectado y privarlo de su libertad, mientras que uno de ellos permanecía al volante del automóvil utilizado en el intento de agresión.
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La situación fue interrumpida cuando agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) arribaron al lugar. Al notar la presencia de los elementos, tres de los presuntos responsables intentaron escapar a bordo del vehículo, pero fueron interceptados por los oficiales.
Durante una revisión corporal, a los detenidos les fueron aseguradas armas de fuego abastecidas con cartuchos útiles, las cuales presuntamente portaban al momento de los hechos.
En el caso del adolescente de 16 años, quien también fue localizado con una postila abastecida con cartuchos útiles, se declaró incompetencia por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por lo que quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).
La FGJES reiteró su compromiso de actuar con firmeza ante conductas que atenten contra la libertad y seguridad de las personas, impulsando procesos penales sólidos y coordinados para garantizar el acceso a la justicia.
