El gobierno de Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra una presunta red de fraude de tiempos compartidos que operaba desde Puerto Vallarta y que estaría vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La acción fue anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), como parte de una investigación binacional para frenar esquemas financieros asociados al crimen organizado.
El principal objetivo de las sanciones es Kovay Gardens, complejo turístico ubicado en Puerto Vallarta, señalado por las autoridades estadounidenses de operar un esquema de estafas a ciudadanos de ese país.
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De acuerdo con la OFAC, el resort prometía falsamente a propietarios de tiempos compartidos obtener ingresos por el alquiler de semanas no utilizadas, además de realizar cargos excesivos a tarjetas de crédito.
Las medidas fueron coordinadas con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que de manera complementaria incorporó a siete personas más —seis físicas y una moral— a la Lista de Personas Bloqueadas en México, al identificarlas como parte del núcleo operativo y corporativo del esquema.
Entre los sancionados figura el fundador del complejo, Carlos Humberto Rivera Miramontes, así como una red de empresas vinculadas a servicios turísticos, inmobiliarios y financieros.
Según la OFAC, Rivera Miramontes habría colaborado con personas previamente designadas por su presunta afiliación al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Las sanciones también alcanzan a presuntos operadores y lugartenientes del cártel, señalados de coordinar centros de control de fraude desde México.
Como parte de las medidas, se congelaron activos financieros y se prohibieron transacciones entre ciudadanos o entidades estadounidenses y las personas y empresas designadas.
De acuerdo con datos de la OFAC, entre 2019 y 2023 se detectaron al menos 850 reportes de actividades sospechosas relacionadas con fraudes de tiempos compartidos, con movimientos por alrededor de 330 millones de dólares.
Tan solo en 2024, la FBI recibió cerca de 900 quejas vinculadas con este tipo de estafas en México, con pérdidas superiores a 50 millones de dólares.
Las autoridades estadounidenses advirtieron que este tipo de fraudes suele involucrar el envío de dinero desde Estados Unidos hacia redes en México que, presuntamente, operan para organizaciones criminales transnacionales, por lo que aseguraron que continuarán las investigaciones y acciones conjuntas para frenar estas actividades ilícitas.
