LOS ÁNGELES – Una jueza federal bloqueó la entrada en vigor de una ley de California que prohibía a los agentes federales de inmigración cubrirse el rostro durante operativos, pero determinó que sí deberán portar credenciales claramente visibles con el nombre de su agencia y su número de placa.
El fallo, emitido el lunes por la jueza Christina Snyder, detiene temporalmente una norma que convirtió a California en el primer estado en restringir el uso de mascarillas para la mayoría de los agentes del orden. La ley fue firmada en septiembre, luego de redadas de alto perfil del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el área de Los Ángeles durante el verano, operativos que generaron protestas y fuertes críticas por la falta de identificación visible de los agentes.
La administración Trump presentó una demanda en noviembre para impugnar la ley. Argumentó que la prohibición de cubrirse el rostro pondría en riesgo la seguridad de los agentes, quienes, según el gobierno federal, enfrentan acoso, divulgación de información personal y posibles actos de violencia. Además, sostuvo que la norma violaba la Constitución al intentar regular directamente la actuación del gobierno federal.
🚨Update: Federal judge blocks California law requiring ICE agents to unmask. District Judge Christina Snyder argues that the law discriminated against the federal government and violated the Constitution's Supremacy Clause. pic.twitter.com/lBHKM8Ceez
— US Homeland Security News (@defense_civil25) February 10, 2026
En su resolución inicial, Snyder señaló que la prohibición de mascarillas, tal como fue aprobada, no se aplicaba de la misma manera a las corporaciones policiales estatales, lo que, a su juicio, implicaba un trato discriminatorio hacia el gobierno federal. Por esa razón, bloqueó esa parte de la ley, pero mantuvo la exigencia de identificación visible para los agentes federales.
El fallo podría tener implicaciones a nivel nacional, en un momento en que distintos estados buscan cómo responder a la actuación de agentes federales encargados de implementar la política migratoria de la administración Trump. Para comunidades migrantes, incluida la población mexicana en California, la decisión mantiene viva una demanda clave: saber quién ejecuta los operativos y bajo qué autoridad, aun cuando los agentes puedan cubrirse el rostro.
