El Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 300.000 haitianos debía expirar el martes. Sin embargo, una jueza federal bloqueó la cancelación de forma indefinida. La administración de Donald Trump anunció que llevará el caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
La jueza federal Ana C. Reyes, del Distrito de Columbia, ordenó el lunes suspender la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de eliminar el TPS para los haitianos, pendiente de revisión judicial.
En su fallo, Reyes señaló que durante la suspensión la cancelación será “nula, inválida y sin efecto legal”.
La jueza precisó que la medida no afecta las protecciones ni los beneficios vigentes del TPS, incluida la autorización de trabajo, la protección contra la detención y la deportación, y que el período de validez de los permisos laborales se extiende mientras dure la suspensión.
Reyes también rechazó la moción del gobierno para desestimar la demanda contra la cancelación del TPS.
Poco después, la subsecretaria de Seguridad Nacional para Asuntos Públicos, Tricia McLaughlin, confirmó que la administración Trump apelará la decisión ante el máximo tribunal.
“Corte Suprema, allá vamos”, dijo en un comunicado difundido la noche del lunes.
McLaughlin argumentó que el TPS ha sido utilizado como un programa de amnistía, con la aprobación de administraciones anteriores, aunque —según dijo— ese no es su propósito original.
“Temporal significa temporal, y la última palabra no la tendrá una jueza activista que legisla desde el estrado”, afirmó.
El TPS permite a ciudadanos extranjeros permanecer legalmente en Estados Unidos cuando no pueden regresar de forma segura a sus países de origen, generalmente debido a conflictos armados, violencia o desastres naturales. En el caso de Haití, el programa estaba previsto para expirar el martes por la noche.
Los abogados Geoff Pipoly y Andrew Tauber, que representan a los demandantes, calificaron la orden como “una victoria significativa” y aseguraron que continuarán litigando si el gobierno apela.
“Haití sigue siendo un país extraordinariamente peligroso, marcado por la violencia de pandillas, enfermedades generalizadas, falta de acceso a agua potable, grave inestabilidad habitacional y la ausencia de un gobierno funcional”, señalaron.
Según los abogados, el fallo reconoce los riesgos graves que enfrentarían los beneficiarios del TPS si fueran obligados a regresar y garantiza que puedan seguir trabajando, sosteniendo a sus familias y contribuyendo a sus comunidades.
La decisión judicial se conoció en medio de una creciente preocupación entre comunidades haitianas por posibles operativos migratorios, especialmente en lugares como Springfield, Ohio, y Miami.
