El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, continúa generando cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad aplicados y las omisiones de las fuerzas federales.
De acuerdo con el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, “el protocolo no falló”, aunque reconoció que el edil no aceptó la protección completa de la Guardia Nacional.
“El protocolo de la Sedena no falló. Falló el de nosotros, hablo de la Guardia Nacional”, dijo Trevilla, quien explicó que se trató de concientizar al alcalde para que colaborara con las medidas de seguridad, pero éste prefirió mantener escoltas de confianza.
Sin embargo, especialistas advierten que la responsabilidad fue compartida. David Saucedo, analista en temas de seguridad nacional, señaló en entrevista para Proyecto Puente que Carlos Manzo mantenía un “diamante de seguridad híbrido”, integrado tanto por elementos federales como por personas cercanas sin capacitación, lo que habría debilitado su protección.
“Era evidente que su esquema de seguridad era endeble. No había filtros, ni personal en los flancos o al frente. Su estilo de mantener contacto directo con la gente lo hizo más vulnerable”
El experto indicó que el ataque contra Manzo habría sido ordenado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización que, según informes de inteligencia, veía en el alcalde un obstáculo para su expansión en la región.
“El cártel decidió eliminarlo porque representaba una amenaza a sus intereses. Sin embargo, su muerte generó un movimiento de indignación que rebasó lo estatal y se convirtió en un reclamo nacional”
Saucedo advirtió además que el llamado Plan Michoacán presentado por el gobierno federal no parece dirigido a desmantelar a los grandes grupos delictivos como el CJNG, sino a contener la crisis política derivada del crimen.
“Lo que vimos es un esquema de contención mediática, no una estrategia real de combate al crimen. Se enfocan en grupos menores, mientras los grandes cárteles siguen operando”, sostuvo.
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