La Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión, con 456 votos a favor y de forma unánime. El propósito es perseguir de oficio este delito y aplicar penas de hasta 25 años de prisión a quienes resulten responsables.
Sin embargo, diputadas y diputados de diversas bancadas presentaron reservas a distintos artículos del dictamen para su discusión en lo particular.
Al presentar el dictamen de la Comisión de Justicia, el diputado Julio César Moreno, de Morena, afirmó que el Estado mexicano contará con un tipo penal unificado y sanciones más severas, sin beneficios de libertad anticipada ni conmutación de pena para los implicados.
“Por fin le pondremos un alto a las extorsiones en todas sus modalidades; además, se protege la integridad de las víctimas y testigos, se podrán hacer denuncias anónimas, incluso mediante el número 089, sin poner en riesgo la seguridad personal o familiar.
“Y esto es fundamental, porque el miedo ya no puede ser un escudo para los delincuentes. La extorsión ya no es solo el lamentable cobro de piso, hoy también se comete por teléfono, por redes sociales, por mensajes de texto, o incluso, desde dentro de las cárceles, o también como los llamados montachoques y hasta con los préstamos que se denominan como gota a gota”, señaló.
Por el PRI, el diputado Alejandro Domínguez advirtió que la nueva ley permitirá la liberación de personas sentenciadas por extorsión en estados como Chihuahua, Guerrero, Morelos, Nayarit y Quintana Roo, debido a que las penas en esas entidades son superiores a las del proyecto federal y los internos podrían apelar.
“En el estado de Chihuahua hay alrededor de 150 personas que van a salir en libertad por aprobar la ley como la vamos a aprobar, con la penalidad en la que la vamos a aprobar. De tal suerte que, si hacemos una suposición, porque la estadística no viene en el dictamen, de las otras cuatro entidades federativas estaremos hablando más o menos de 500 personas, delincuentes de alto impacto que van a salir en libertad para delinquir en el tema de la extorsión”, apuntó.
Por el PAN, la diputada Margarita Zavala afirmó que la extorsión es una plaga extendida en todo el país y atribuyó su crecimiento a la política de “abrazos y no balazos” del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.
“La extorsión desarticula el tejido social, restringe las libertades, impone un impuesto como el que se conoce del impuesto del crimen, impacta en la vida social y económica de los pueblos, y son también aquellos nuevos desplazados de nuestra migración interna”, señaló.
La nueva legislación contempla una pena básica de seis a 15 años de prisión y una multa de hasta 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización para quien obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro. También define 34 agravantes en tres apartados con sanciones más severas.
Las penas aumentarán hasta una tercera parte, de ocho a 20 años, en casos como el cobro de “piso” o cuando se afecte a personas dedicadas a actividades comerciales, empresariales, industriales, agrícolas, pesqueras o de servicios, o si se comete a nombre de organizaciones o sindicatos, reales o simulados.
También se contempla elevar la sanción hasta dos terceras partes, de 10 a 25 años de prisión, si se utiliza violencia física, se exige el cobro de daños por hechos de tránsito provocados intencionalmente o en supuestos accidentes.
El dictamen establece además bases de coordinación entre los tres órdenes de gobierno para perseguir el delito de extorsión y los derivados de esta práctica, así como la homologación de un tipo penal único aplicable en todo el país.
