Empresas tecnológicas como Amazon, Apple, Gemini y Microsoft, junto a más de una decena de magnates de diversos sectores, se encuentran entre los patrocinadores que aportaron 300 millones de dólares para construir el polémico salón de baile que el presidente Donald Trump planea en el Ala Este de la Casa Blanca, cuya demolición comenzó esta semana.
La Administración Trump compartió la lista completa de donantes, que incluye tanto corporaciones como inversionistas particulares, para la obra de 90 mil metros cuadrados. Entre las empresas destacan Amazon, propiedad de Jeff Bezos; Meta, de Mark Zuckerberg; Google; Gemini; y Microsoft, de Bill Gates.
La lista también menciona al inversionista Konstantin Sokolov; al petrolero y financista de Trump, Harold Hamm; y a la pareja formada por la exsenadora republicana Kelly Loeffler y Jeff Sprecher, director de Intercontinental Exchange, dueño de la Bolsa de Nueva York. Además, aparece Benjamín León, magnate de origen cubano y recientemente confirmado como nuevo embajador de Estados Unidos en España, propuesto por Trump a principios de 2025.
Durante una cena organizada por Trump la semana pasada en la Casa Blanca, el republicano se reunió con los magnates y, en tono de broma, aseguró que “este es el precio de tener acceso al presidente” y añadió que la obra del salón de baile no le costará un centavo a los estadounidenses.
El diseño del salón corresponde a la firma McCrery Architects, que mantendrá el estilo neoclásico estadounidense característico del complejo presidencial.
El Ala Este de la Casa Blanca fue construida en 1902, durante la presidencia de Theodore Roosevelt, para equilibrar visualmente el Ala Oeste, donde se encuentra el Despacho Oval. Originalmente era una estructura sencilla de dos pisos y fue ampliada en 1942 bajo Franklin D. Roosevelt, incorporando un búnker subterráneo.
El Fideicomiso Nacional para la Preservación Histórica, una organización sin fines de lucro, hizo un llamado urgente a detener las obras “hasta que los planes pasen por los procesos legales de revisión pública requeridos”.
Con información de EFE.
