El diputado de Morena, Armando Corona Arvizu, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal, con la que se busca sancionar con hasta seis años de prisión y 600 días de multa a quienes difundan, creen, manipulen o transformen representaciones digitales generadas con tecnologías de edición o Inteligencia Artificial, como memes o stickers, sin el consentimiento de la persona afectada.
En su propuesta de modificación al artículo 211-bis 8, Corona Arvizu advirtió que las sanciones podrían aumentar si la víctima es menor de edad, persona con discapacidad o servidor público en funciones, o si el material se difunde masivamente en redes sociales, plataformas de mensajería o medios electrónicos y genera un impacto comprobable en la vida personal, laboral o psicológica de la víctima.
“La creación de stickers, memes y contenidos generados con inteligencia artificial, cuando se realiza sin consentimiento, representa una forma moderna de violencia que no debemos normalizar ni permitir. Cada imagen manipulada, cada audio falseado y cada meme difundido sin autorización atenta directamente contra la dignidad, el honor y la vida privada de las personas”, señaló el legislador.
Corona Arvizu recordó que ya había presentado una iniciativa similar en febrero de 2024, para sancionar la difusión de audios falsos de personajes públicos, y defendió la necesidad de que la tecnología se use para la humanidad y no para la destrucción de la reputación de individuos.
La propuesta generó opiniones encontradas. Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, consideró que se debe modificar el artículo 480 del Código Penal estatal, relativo al delito de ciberasedio, para que los servidores públicos queden exentos de los beneficios de esta ley y puedan recibir críticas o comentarios en redes sociales.
“No hay censura y se pueden expresar libremente”, afirmó Armenta, al tiempo que subrayó que los foros legislativos permitirán una revisión y posible nueva redacción.
Por su parte, Laura Artemisa García Chávez, diputada morenista y presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, recalcó que cualquier reforma debe garantizar la libertad de expresión y que los funcionarios públicos deben permanecer sujetos al escrutinio público.
La iniciativa de Corona Arvizu busca abrir un debate sobre los límites del uso de la inteligencia artificial en redes sociales y la protección de la dignidad y reputación de las personas, en un contexto donde la manipulación digital se ha convertido en un fenómeno creciente.
