El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que el exmandatario de dicha entidad Silvano Aureoles actualmente se encuentra prófugo de la justicia.
En conferencia de prensa, Ramírez Bedolla se pronunció por este caso y dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) aún realiza investigaciones para localizar al exgobernador, cuyo paradero se desconoce.
“En este momento, la FGR continúa con las pesquisas para dar con el paradero del exgobernador y cumplimentar la orden de aprehensión que emitió una jueza en la Ciudad de México”, señaló el mandatario la mañana de este lunes.
Detalló que, según información que ha recibido de la FGR, se tiene conocimiento que Silvano Aureoles está huyendo de las autoridades para evitar ser aprehendido.
“La situación jurídica en este momento es de prófugo. Está prófugo de la justica. Sí tenemos información por parte de la FGR de que anda huyendo. La FGR está haciendo la investigación en varias partes del país, incluyendo Michoacán y otros estados de la República. No se puede brindar mayor información”, acotó Ramírez Bedolla.
Agregó que la investigación contra Silvano Aureoles (quien gobernó Michoacán entre 2015 y 2021) inició hace dos años y medio, cuando se percataron de un presunto desvío de recursos financieros.
Por qué investigan a Silvano Aureoles
De acuerdo con la titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán (Secoem), Azucena Marín Correa, en la administración de Aureoles se compraron a sobreprecio siete cuarteles de la policía.
“En ese periodo, el estado comprometió aproximadamente 5 mil millones de pesos para los cuarteles, de los cuales se erogó una cantidad de 3 mil 468 millones que se presume eran de procedencia irregular”, se indicó.
Marín Correa explicó que la actual administración inició una auditoría en noviembre de 2021 a los cuarteles ubicados en Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Huetamo, Uruapan, Coalcomán, Jiquilpan y Zitácuaro. Se indicó que todos cuentan con “espacios lujosos y blindados, en contraste con la pésima calidad de las instalaciones destinadas al personal operativo”.
Por ello, el 16 de febrero de 2022 se presentó una denuncia penal por parte de la Secretaría de Contraloría ante la FGR, la cual judicializó la carpeta por delitos como peculado, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
Información de Infobae
