Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía de Sonora revisará un nuevo estudio sobre la muerte de Paula Josette, que arrojó que fue asfixiada en el Cereso 2 de Hermosillo.
Se investigará si los ocho funcionarios públicos judicializados por el caso Paula Josette, han realizado actividades similares en el desempeño de su función como operadores del Cereso número 2 de Hermosillo, informó Gustavo Rómulo Salas.
El fiscal de Sonora subrayó que no habrá “ninguna impunidad” en este caso y si hay más responsables, se les iniciaría un proceso legal igual que a los siete custodios y al subcomandante del penal.
“Lo estamos tomando en consideración para revisar lo que ellos plantean y en su caso agotar cualquier línea de investigación pendiente”, afirmó el fiscal.
Cabe destacar que Paula Josette murió el 15 de enero del 2024 en dicho reclusorio, mientras junto a otra mujer realizaban una visita a una persona todavía sin identificar.
El pasado 19 de enero, la Fiscalía de Sonora comunicó que ocho personas estaban siendo investigadas por el delito de incumplimiento de un deber legal, incluyendo a Chrystian Manuel ‘N’, subcomandante y quien se encontraba a cargo del reclusorio por el delito de homicidio culposo.
Gustavo Rómulo Salas añadió este 20 de enero que el subcomandante está vinculado por homicidio culposo, porque no realizó las acciones necesarias que hubieran podido evitar el deceso de Josette.
“La necropsia arroja contundentemente que hay un infarto al miocardio, nosotros podríamos pensar si hubo un agente externo que hubiera generado una circunstancia que provocara el infarto en la mujer”, explicó el fiscal.
Reiteró que es falso que la investigación esté cerrada como se señaló en medios de comunicación.
Ante el cuestionamiento de si había drogas en el lugar de los hechos, Salas respondió: “No quisiéramos revictimizar a la persona, estamos revisando de manera integral el expediente”.
“Estamos investigando si hay otro tipo de conductas delictivas por parte de los ocho judicializados, en tal caso se ampliaría la acción penal que pudieran tener”, resaltó.
Sostuvo que sí hubo intercambio electrónico entre el recluso y las víctimas, actividad que es “evidentemente irregular”, juzgó.
