Luego del anuncio de Coparmex Sonora Norte de un impuesto a empresas de más de 100 trabajadores en Sonora para reunir recursos para un fideicomiso dirigido a atender la seguridad en el estado, la titular de la Comisión Fiscal, Guadalupe Ruiz, presentó su renuncia.
A través de redes sociales, la ahora extitular de la comisión dio a conocer su renuncia minutos después de que empresarios y comités de seguridad en Sonora dieran a conocer la propuesta de crear este fideicomiso con un impuesto a compañías en la entidad.
“No coincido con la idea de que incrementar el impuesto sobre nómina del 3 al 4% en una norma con vicios de inconstitucionalidad vaya a mejorar la seguridad en el Estado”, indicó.
Proponen empresarios impuesto a compañías con más de 100 empleados en Sonora para seguridad
Comités Ciudadanos de Seguridad Pública y el sector empresarial de Sonora, acompañados por los presidentes de organismos empresariales de COPES, presentaron la creación de un Fideicomiso para la Competitividad con Seguridad en el estado.
Marco Paz Pellat, empresario local, destacó que un buen desarrollo social y político depende de contar con niveles adecuados de seguridad y justicia. En este sentido, mencionó que en Sonora, el costo directo de la inseguridad asciende a 5,400 millones de pesos anuales. Ante las limitaciones presupuestarias del estado y los municipios, los empresarios propusieron este fideicomiso como una solución.
“El tema de la seguridad y la justicia está íntimamente ligado con el desarrollo y la prosperidad. Tener seguridad y justicia nos permite tener libertades y derechos, un orden social, atacar el crimen y la violencia, y generar confianza en las instituciones”, expresó Paz Pellat.
El fideicomiso plantea un modelo en el que se promoverán tanto la competitividad como la seguridad en Sonora mediante recursos recaudados de una contribución adicional al Impuesto Sobre Productos del Trabajo (ISPT), aplicada únicamente a las empresas con más de 100 empleados. Se precisa que solo el 3.3% de las empresas del estado estarán sujetas a esta contribución, lo que excluye a las MIPYMES.
Además, se garantizará total transparencia y rendición de cuentas en la administración de los recursos, con el objetivo de asegurar que estos sean destinados directamente a la mejora de la seguridad, la justicia y la competitividad económica.
El fideicomiso contará con un comité técnico mixto, compuesto principalmente por empresarios, con una representación del gobierno estatal, para asegurar la imparcialidad en el uso de los fondos.
Este modelo busca generar mayor seguridad ciudadana, incrementar la inversión privada, fomentar la generación de empleo y fortalecer las instituciones para responder a las demandas sociales, todo con un enfoque en la transparencia y la confianza pública, respaldada por resultados tangibles.
