La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, advirtió que su gobierno “no va a bajar la publicación” de la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF) como lo ordenó una jueza federal en una suspensión de amparo, al tiempo que amagó con proceder penalmente contra la primera mandataria si no acata la suspensión.
Además, Sheinbaum Pardo anunció que se presentara una queja o denuncia contra la jueza de Veracruz que ordenó la suspensión de la reforma judicial, a pesar de que el Consejo de la Judicatura Federal no proceda en su contra.
Vamos a denunciar a esta juez ante el Consejo de la Judicatura […] no queremos que quede en impunidad, queremos que quede antecedente.
“Queremos que quede un antecedente de que hay una jueza que por encima de su función, está pidiendo que se baje una publicación que se hizo a partir de un proceso legislativo de cambio constitucional que está establecido en la propia Constitución y que deriva de la voluntad del pueblo de México expresada en las urnas el 2 de junio del 2024’’, sentenció Sheinbaum.
Por su parte, Ernestina Godoy, Consejera Jurídica de la Presidencia, aseguró este viernes en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, que “no hay argumentos jurídicos” para bajar la reforma judicial, pese a las suspensiones de amparo otorgadas por jueces del Poder Judicial de la Federación (PJF).
En este marco, Godoy tachó de “totalmente improcedente” la orden presentada por la jueza Décimo Novena de Distrito del Estado de Veracruz, Nancy Juárez Salas, para eliminar la publicación de la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación.
A través del amparo 823/2024, la titular del Décimo Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, resaltó que las autoridades no cumplieron con la orden que dio a finales de septiembre para revertir la promulgación de los cambios a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y otras normas modificadas mediante un decreto.
Pretende suspender procedimiento que vulneraría pacto federal. En ningún caso las determinaciones de uno y otro poder pueden contravenir las estipulaciones que les da al pueblo de México […] hay jurisprudencia ha negado la posibilidad de que se revise una reforma constitucional. No es susceptible de control jurisdiccional una reforma constitucional.
Godoy continuó reiterando que los jueces y magistrados federales no tienen facultad para “cuestionar, revisar o anular” lo aprobado por el legislativo, y lo que se plantea hacer con estos recursos es “usurpar atribuciones que le fueron conferidas al poder reformador”.
El exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, respaldó a Godoy, afirmando que la Constitución y las leyes “también obligan al Poder Judicial” y este no está “exento” de cumplir y respetar su aplicación.
Además, advirtió que la orden para “bajar” la reforma judicial es improcedente, porque se trata de un acto consumado y, por lo tanto, es imposible de cumplir.
Trabajan paquetes de leyes secundarias
Por otro lado, la presidenta Sheinbaum también adelantó que ya se está trabajando en “otro paquete de leyes secundarias” que acompañarán a la reforma al Poder Judicial ya aprobada, sentenciando que a pesar de los intentos de los miembros de este poder para frenarla, “la reforma va”.
Finalmente, se dirigió a los trabajadores del Poder Judicial señalando que su preocupación por la afectación a sus salarios y preocupaciones “no tiene sustento”, ya que están garantizadas en la nueva ley mediante artículos transitorios, por lo que no es necesario que sigan en paro a menos que “estén defendiendo un privilegio en particular o un negocio”.
Incluso, llamó al Consejo de la Judicatura a aplicar los descuentos correspondientes de quienes se nieguen a regresar a sus labores.
Genera preocupación desacato a decisión judicial
El magistrado Juan Pablo Gómez Fierro expresó en ‘Aristegui en Vivo‘ su consternación por el desacato a una orden judicial por parte de Sheinbaum, reiterando la importancia de respetar los debidos procesos para desacreditar un recurso emitido por una jueza, más allá de si se actuó o no dentro de sus facultades.
Gómez Fierro enfatizó la importancia de seguir la vía institucional para resolver los conflictos judiciales, interponiendo recursos y medios de defensa correspondientes, en lugar de desacatar; señaló que el proceso adecuado, en este caso, sería apelar la suspensión de la reforma judicial ante un tribunal colegiado, permitiendo que sea esta instancia la que determine si la jueza actuó dentro de sus facultades legales, algo que de no hacerlo pone en riesgo el Estado de Derecho, según expresó.
Sostuvo que esta situación erosiona la certeza jurídica en el país, con este tipo de acciones requiriendo una resolución legal adecuada.
Con información de Aristegui Noticias.