La noche de este sábado, el área jurídica de la Cámara de Diputados recibió del Juzgado Décimo de Distrito en materia administrativa oficios de dos incidentes de suspensión de los juicios de amparo 1190/2024–XVI y 1251/2024, promovidos por los juzgados Tercero de Chiapas y Quinto de Morelos.
De esta forma, el Congreso de la Unión, mediante sus dos cámaras, y la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, así como las legislaturas de los estados podrán discutir y aprobar las reformas a la Constitución Política relativas al Poder Judicial.
El encargado de entregar los documentos en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, fue Édgar López, del Juzgado Décimo de Distrito en materia administrativa.
Jueza de Morelos ordena a la Cámara de Diputados no discutir reforma judicial
La jueza de Morelos, Martha Eugenia Magaña López, ordenó a la Cámara de Diputados no iniciar la discusión del dictamen de reformas al Poder Judicial programada para este lunes.
Así, la titular del Juzgado Quinto de Distrito en Morelos otorgó un amparo a trabajadores que impugnaron el dictamen de la reforma judicial que aprobó el lunes pasado la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y que el pleno prevé votar la próxima semana.
El fallo “implica que dicho proyecto en particular no podrá ser discutido y votado por la Cámara de Diputados de la nueva legislatura” que comienza el domingo, según el expediente 1251/2024.
Juez de Chiapas también concede amparo
Asimismo, el Juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en Chiapas, Felipe Consuelo Soto, también concedió un amparo indirecto a jueces que impugnaron la reforma judicial.
“Es procedente conceder la suspensión de oficio respecto de los efectos y consecuencias de los actos reclamados”, dice la síntesis de la resolución, dictada en el amparo 1190/2024, según Reforma.
Señaló que las cámaras del Congreso de la Unión pueden continuar con el proceso legislativo, pero si aprueban el dictamen, les prohíbe enviar el decreto respectivo a las legislaturas estatales, de las que al menos la mitad más una tienen que dar su aprobación para completar la reforma a la Constitución. (Con información de EFE)
