El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, compareció el viernes ante la Corte Suprema, a la que pidió validar su cuestionada reelección, en medio de una creciente presión internacional para que divulgue las actas de la votación del 28 de julio, que la oposición liderada por Edmundo González y María Corina Machado denuncian como un fraude electoral y del que han presentado las actas de las votaciones que probarían su victoria.
La audiencia responde a una solicitud que hizo la semana pasada Maduro al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), señalado de servir al chavismo, para “certificar” la elección a través de un proceso que académicos y dirigentes políticos consideran improcedente. El mandatario concurrió representado por el procurador del Estado, Reinaldo Muñoz, y miembros de su gabinete. A las afueras de la corte, partidarios se congregaron para respaldarlo.
Una vez culminado el evento, Nicolás Maduro aprovechó para arremeter contra los líderes de la oposición, ya que estos decidieron no presentar al TSJ las actas electorales que probarían su victoria, ya que argumentan que al ser partícipes de esta diligencia en un tribunal en control de políticos chavistas y cercanos al régimen, no solo se violaría la decisión electoral del pueblo, sino que estaría en riesgo su libertad.
“El señor Edmundo González Urrutia confirmó que iba a ir. A última hora, llamó una persona, la terrorista prófuga de la justicia, María Machado. Le prohibió ir, porque ustedes saben que este señor, lamentablemente es un títere, un monigote del fascismo, no se manda y no puede tomar decisiones propias”, criticó el mandatario al candidato y a la líder de la oposición que han desconocido el resultado y dado pruebas del fraude a la comunidad internacional.
Luego, Maduro volvió a arremeter contra González y María Corina Machado. “Lo sabe su familia, lo sabe su esposa, su yerno, su hijo, su hija, lo saben, que este señor lo han convertido en un monigote amarrado por la prófuga de la justicia Machado, por la terrorista Machado, que bastante daño le ha hecho este país durante años y años”, aseguró el dictador venezolano.
Finalmente, Maduro rechazó cualquier tipo de negociación con la oposición liderada por María Corina Machado para una transición pacífica del poder. “El único que tiene que negociar con la Machado es el fiscal general. Que se entregue a la justicia y dé la cara, y responda por los crímenes que cometió. Al diálogo político serán convocados todos los sectores, voy a convocar a los 38 partidos políticos que están inscritos ante el CNE”, dijo Maduro.
De igual manera, el mandatario venezolano dijo que en los próximos días conversará con los mandatarios de Brasil, México y Colombia, Luiz Inácio Lula da Silva, Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro, respectivamente, para abordar la crisis que se vive en el país después de los fraudulentos comicios.
Maduro fue proclamado como presidente reelecto con el 52 % de los votos frente a un 43 % de su principal rival, Edmundo González Urrutia, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) no publicó el detalle del escrutinio alegando un jaqueo al sistema de votación. Doce días después, sigue sin hacerlo.
La oposición denunció fraude y aseguró tener el 80 % de las actas, que comprueban la victoria de González Urrutia, un discreto embajador que representó a la líder María Corina Machado en las votaciones tras su inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Después de los resultados, estallaron protestas en el país que se saldaron con al menos 24 muertos, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos, y más de 2.200 detenidos, según Maduro. El chavismo desestima las pruebas presentadas por la oposición y las tilda de falsas.
Con el procedimiento en el TSJ, Maduro está “admitiendo implícitamente que nadie cree en su proclamación, a tal punto que pide que otro poder intervenga”, dijo el abogado de la opositora Machado, Perkins Rocha, en X. “Maduro sabe que cuenta con un TSJ genuflexo”. González Urrutia fue citado el miércoles, pero no acudió al llamado judicial. Alegó “absoluta vulnerabilidad por indefensión y violación del debido proceso” en un comunicado.
Con información de Semana y AFP.
