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sábado, mayo 9, 2026

Conahcyt

Sergio Aguayo
Académico y analista. Licenciado en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Realizó maestría, doctorado y posdoctorado en la Universidad Johns Hopkins. Desde 1977 es profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México y tiene el Nivel III en el Sistema de Investigadores. Actualmente coordina el Seminario sobre Violencia y Paz en esa institución.

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El jueves 20 de junio conocimos los primeros seis nombres del gabinete; entre los puntos más comentados estuvo el nombramiento de la doctora Rosaura Ruiz para dirigir una Secretaría de Estado dedicada a la ciencia.

En el recorrido que hizo por los medios de comunicación, la doctora Ruiz elogió el conocimiento y prometió el diálogo con una comunidad profundamente plural. Un relato creíble porque, como titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la CdMx, institucionalizó el diálogo entre el gobierno y los especialistas en diferentes temas a través de la Red ECOs. Más adelante abordo la actitud opuesta de la directora del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT), María Elena Álvarez-Buylla.

En la mañanera del día siguiente el presidente calificó la creación de la nueva dependencia como “muy buena idea”, y a la titular como una universitaria “muy reconocida”. Nada dijo sobre la directora de CONAHCYT.

Hay una tensión normal entre el científico y el político. El primero opta por hechos verificados, el segundo puede inclinarse por las cifras o por las creencias. Depende de lo reglamentada y vigilada de la relación, y de la personalidad y poder del gobernante.

Después del Movimiento de 1968, los presidentes mexicanos han oscilado entre el amor y el odio a la academia. Luis Echeverría Álvarez es el ejemplo: reprimió a estudiantes el Jueves de Corpus de 1971 y ese mismo año creó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT hoy CONAHCYT) que hasta marzo de este año ha concedido un millón 557 mil 277 becas a estudiantes; una construcción de capital social positivo que no podemos minimizar.

El actual gobierno hostigó a los académicos y la gestión de la doctora Álvarez-Buylla en CONAHCYT ha estado cargada de polémicas entre las cuales destacan el maltrato al Centro de Investigación y Docencia Económicas y la demanda penal interpuesta contra 31 integrantes del gremio acusándolos de “delincuencia organizada y lavado de dinero”. En aras de la precisión, la ahora virtual presidenta electa calificó en 2021 la demanda como “excesiva” y “exagerada”. En efecto, el litigio concluyó con un fallo a favor de los científicos. 

Independientemente de las opiniones que cada quien tenga sobre la gestión de la doctora Álvarez-Buylla, valdría la pena que el nuevo régimen hiciera una evaluación independiente e imparcial sobre una institución clave que durante este sexenio recibió recursos públicos por 145 mil millones de pesos. Menos que los 185mmdp asignados por Enrique Peña Nieto, pero suficientes para ameritar el escrutinio; solo así podrán reconocerse los éxitos, entenderse los fracasos e investigarse y sancionarse las responsabilidades.

Es menester recordar que la evaluación es clave y habitual en cualquier comunidad académica y que el CONAHCYT es particularmente riguroso hacia quienes solicitan una beca o la inscripción (y permanencia) en el Sistema Nacional de Investigadores.

Otro argumento a favor de la auditoría es la corpulencia y energía de la impunidad. Uno de los mayores retos que enfrentará el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum es combatir uno de los problemas nacionales más arraigados y difíciles de contener y erradicar. En ese rubro, la presidencia de Andrés Manuel López Obrador deja, como saldo negativo, la reticencia a investigar a los personajes polémicos que terminaron siendo exonerados por una polarización que satanizó a los adversarios y blindó a los suyos.

CONAHCYT puede ser, en este sentido, un ejemplo de la rendición de cuentas y del combate a la impunidad. Por su tradición académica es una de las dependencias donde habría menos resistencia a una auditoría integral. Habría que hacerlo, no solo por lo anteriormente dicho, sino también porque la gestión de Álvarez-Buylla deja, en palabras del científico Antonio Lazcano, “un rastro de rencores ideologizados, incapacidad política, ceguera científica e incompetencia administrativa.” Nos merecemos unas dosis de verdad y justicia.

Estoy convencido de que la doctora Rosaura Ruiz forjará consensos y empujará nuevas iniciativas. Tiene energía, imaginación y rigor. De la presidenta dependerá la cadencia que tome el combate a la impunidad. Piensen en CONAHCYT; es una institución a la espera de una limpieza a profundidad.

@sergioaguayo

Colaboró Sebastián Rodríguez         

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