En su plan por debilitar al Poder Judicial, Morena y sus aliados aprobaron en comisiones del Senado restar facultades a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En Comisiones Unidas de Justicia y de Asuntos Legislativos le quitaron dientes a jueces y magistrados para impedir amparos y suspensiones de actos reclamados en efectos generales lo que a todas luces se interpreta al Legislativo como una venganza por la suspensión a la Ley Eléctrica y el freno a megaobras de la 4T.
Los criterios jurídicos de salvaguarda a la Constitución fueron eliminados y buscan darle la última palabra a la consideración política con la propuesta de Ricardo Monreal, quien vuelve como soldado de López Obrador en la última parte de la Legislatura.
El propio coordinador de Morena sabe que se ha equivocado en ocasiones al estirar la liga en la defensa de las propuestas presidenciales, como cuando quiso sacar la reforma para ampliar dos años la presidencia en la Suprema Corte de Arturo Zaldívar. Lo ha reconocido cuando se le pregunta y en esta ocasión parece nuevamente no ser la excepción.
El proyecto que empuja despoja de los medios de defensa judicial al mexicano. El plan prohíbe que se pueda suspender una ley inconstitucional. Es decir, si es dañina para el ecosistema o para la seguridad, por decir un ejemplo, no se podrá evitar su aplicación para todos, destacó el análisis jurídico de Damián Zepeda en la sesión de comisiones, que no pudo rebatir la exministra y ahora senadora morenista Olga Sánchez Cordero.
Es otro momento histórico para la Constitución y de la propia exministra Sánchez Cordero, quien tuvo un papel impecable e histórico en la Suprema, pero cuyo papel ahora parecer hacerlo pedacitos con su desempeño como política conforme pasa la 65 Legislatura.
Es que ha encabezado los trabajos para mermar poco a poco al Poder Judicial por instrucciones presidenciales a sabiendas de que contraviene los criterios más elementales del derecho constitucional, pues varios proyectos han sido frenados por la misma Corte.
Es que la medida también da marcha atrás a la evolución de la interpretación del amparo, nacido para proteger a la persona, mismo que ha evolucionado en la Corte con la defensa a derechos colectivos. El plan también le da poder al Presidente de perdonar/indultar hasta al crimen organizado, fue el razonamiento jurídico presentado también por Zepeda referente a la propuesta de modificar los artículos 103 y 107 de la Ley de Amparo.
Falta la discusión en el pleno, pero qué paradoja, están preparados en la oposición para en caso de ser aprobada (es lo que se estima) se interpondrá una acción de inconstitucionalidad porque el proyecto quita derechos adquiridos a las personas, entonces se viola el principio de progresividad de protección a los derechos humanos, que a raíz de la reforma de 2011 protege a todos los ciudadanos y evita la restricción de garantías individuales.
UPPERCUT: Los partidos en la Cámara de Diputados, todos sin excepción, sí consideran grave la intromisión del crimen organizado en el proceso electoral.
El seguimiento de coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios a los crímenes, atentados y amenazas contra aspirantes tiene puesta en marcha una serie de trabajos con el titular de la Fepade, a cargo de Ortiz Pinchetti, y autoridades del INE, de Guadalupe Taddei (se llevaron a cabo el martes y ayer, respectivamente) para que se atiendan en verdad los focos rojos.
POR ALEJANDRO SÁNCHEZ
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