El Gobierno de Chihuahua suspendió otra vez la distribución de libros de texto gratuitos, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recientemente rechazó un recurso promovido por el gobierno del estado.
El 4 de octubre, la Primera Sala de la SCJN declaró como infundado el recurso, lo que significa que el gobierno de Chihuahua tendrá que distribuir los libros de texto de la SEP; sin embargo, esta nueva suspensión de debe a dos nuevos juicios de amparo.
La Secretaría de Educación y Deporte del estado (SEyD) informó que, derivado de dos juicios de amparo promovidos por la Clínica de Derechos Humanos y la Asociación Estatal de Padres de Familia, la distribución se detendrá hasta en tanto se resuelva por parte de las autoridades judiciales.
La dependencia detalló que se trata de dos juicios de amparo en los que ambos jueces establecieron la suspensión provisional, por lo que la autoridad está obligada a acatar la medida cautelar otorgada, la cual es la suspensión de la entrega de los libros para el ciclo 2023-2024.
“Por ello, a fin de cumplir con la orden judicial, emitida en este caso por dos jueces dentro de dos juicios de amparo diferentes, y recibida la tarde del martes 10 de octubre, la SEyD detendrá de manera inmediata la distribución de los libros de texto gratuito, hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva, que tentativamente se llevará a cabo el viernes 13 de octubre, pero que puede ser diferida en caso de así determinarlo la autoridad judicial”, indicó la Secretaría de Educación estatal.
Chihuahua ya había suspendido la entrega de libros de texto de la SEP
El ministro Luis María Aguilar de la SCJN, ordenó el 11 de agosto suspender la distribución de libros de texto gratuitos de la SEP en Chihuahua, al admitir una controversia constitucional promovida por el gobierno de ese estado.
La gobernadora Maru Campos dijo que los nuevos libros de texto gratuito tienen un alto contenido “ideologizante”, por lo cual debería frenarse su distribución en el estado del norte.
La Unión Nacional de Padres de Familia y académicos han denunciado que la SEP ignoró la orden judicial y, que no cumplió con lo establecido en la Ley General de Educación, con la obligación de publicar los planes de estudio del siguiente ciclo en el Diario Oficial de la Federación y someter a consulta los libros.
