El presidente Andrés Manuel López Obrador negó haber fallado a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron en 2014, a pesar que de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) denunció obstrucción de las Fuerzas Armadas.
“No hay motivo, no hemos fallado”, contestó al ser cuestionado por un periodista, sobre la posibilidad de un rompimiento con los familiares ante las denuncias contra el Ejército.
Asimismo, negó que las Fuerzas Armadas no hayan entregado toda la información relacionada con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, como denunció el GIEI antes de su salida de México.
“No es cierto de que el ejército no haya entregado toda la información, es falso. El ejército entregó toda la información pero eso es lo que queremos decirles [a los padres]”, declaró este miércoles durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.
López Obrador recordó que se reunirá con los padres de los normalistas, quienes han pedido conversar con el presidente desde la salida del GIEI. Asimismo, dijo que en el encuentro, se le dará a conocer a los familiares “toda la información” con la que cuenta su gobierno, y se les dirá que el Ejército ya entregó todos los datos disponibles.
“Se les va a decir toda la información que entregó el Ejército”, precisó.
Esto a pesar de que el GIEI, creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso, abandonó México en julio pasado al denunciar la obstrucción de las Fuerzas Armadas en la investigación.
Ante esto, el presidente acusó a defensores de Derechos Humanos de estar “aliados” con organismos internacionales, “incluso de la ONU”, que “se han dedicado a amedrar”.
También arremetió contra uno de los abogados de los padres, quien ha denunciado que las Fuerzas Armadas no han entregado información.
“Están queriendo manchar la investigación que estamos haciendo, descalificar el trabajo que estamos haciendo”, señaló.
“Pero no son los papás, las mamás, son los asesores y expertos, pseudo defensores de Derechos Humanos”, agregó.
La Comisión de la Verdad del Gobierno concluyó el año pasado que el hecho fue un “crimen de Estado” en el que participaron autoridades de todos los niveles, incluyendo las Fuerzas Armadas, pero el Ejército está acusado de obstruir las investigaciones, incluyendo durante la gestión de López Obrador.
Pero el gobernante mexicano descartó que haya una ruptura con los padres, al insistir en que la reunión será para “informarles sobre eso y aclararles muchas cosas”.
La reunión ocurrirá en vísperas del noveno aniversario de la desaparición de los jóvenes en el sureño estado de Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, mientras crece la presión para que López Obrador cumpla con su promesa de aclarar el caso durante su mandato, que termina el 1 de octubre de 2024.
El mandatario también sostuvo que su gobierno no pidió al GIEI que se fuera del país.
Por último, AMLO sostuvo que se tiene “mucho avance” en las investigaciones. Resolver el caso es una de sus principales promesas de gobierno, que aún no se ha resuelto a un año de que concluya su administración.
A pregunta expresa, López Obrador aseguró que cumplirá su promesa de resolver el crimen antes de dejar el cargo.
“Sí, tenemos mucho avance, hoy vamos a informar, y una de las cosas que nos va ayudar mucho a contrarrestar estas calumnias, va a ser el que vamos a dar a conocer toda la información, todo lo que podamos”, aseveró.
La polémica por Ayotzinapa crece porque queda un año para que López Obrador cumpla su promesa de resolver el caso durante su Gobierno, que concluyó el año pasado que fue un “crimen de Estado” en el que participaron autoridades de todos los niveles, incluyendo las Fuerzas Armadas.
El Gobierno de López Obrador ha desmentido la polémica versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la llamada “verdad histórica”, que sostenía que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula.
Además, la polémica crece desde que el GIEI, creado por la CIDH para el caso, abandonó México en julio pasado al denunciar la obstrucción de las Fuerzas Armadas en la investigación.
La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia concluyó el año pasado que la desaparición de los 43 estudiantes en septiembre de 2014 fue un “crimen de Estado” en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles, incluidos miembros de las Fuerzas Armadas.
