La amenaza fue muy clara: en el Valle de Apatzingán, Michoacán, ningún productor de limón tendría permitido cortar la fruta, y ningún empacador debía abrir sus puertas ni mucho menos comercializar ese producto.
Un empresario ignoró esas amenazas delictivas y mandó cuadrillas de cortadores a sus huertas. El costo fue un camión incendiado y sus trabajadores golpeados.
A ocho días de que comenzó una dura disputa entre grupos antagónicos del crimen organizado que paralizó la producción y comercialización del limón, esta actividad se desploma.
Tras el rompimiento del bloque Cárteles Unidos, hay una confrontación entre Los Viagras con una célula de Los Templarios.
Son apenas las 6:00 de la mañana. Lluvias intensas cayeron sobre el valle y nublaron la visibilidad, de forma similar a como la violencia impide a los productores ver con claridad cuál es el futuro para su sector, que se extiende por 71 mil 618 hectáreas concentradas en 3 mil 636 huertos.
“(La) actividad hoy ha quedado a dos fuegos por la disputa de los cárteles, que deciden los días de corte, si se corta o no, que fijan el precio de la fruta y que nos imponen una carga tributaria criminal, derecho de piso o extorsión”, dice un productor.
El hombre prefiere no dar su nombre; señala que el costo de hablar es la muerte. Sus pasos son lentos entre los caminos lodosos, vacíos porque ya no tiene ni para pagar a los peones.
“En estos días, no hay corte, no hay ventas y, además, tenemos que juntar para pagarle la extorsión de un peso que nos cobran esos cabrones, a través de los empaques”, se queja.
El kilo de limón lo fijaron los grupos criminales en 10 pesos y el empaque les paga solo nueve pesos, porque el otro peso es para los delincuentes.
“Antes eran 40 centavos, pero ya subieron la cuota y eso también va para los empaques a la hora de comercializar. A ellos les cobran por camión que sale”, dice el productor.
Expone también que el dejar de cortar hace que la fruta se eche a perder, lo que ya empezó a provocar una escasez del cítrico en el mercado nacional.
La entrevista es interrumpida por un vehículo desconocido que irrumpe en su huerta. El temor se apodera del productor, que decide terminar la plática.
A cinco kilómetros del lugar, sobre la carretera Apatzingán-Aguililla, una cuadrilla de cortadores espera instrucciones; los trabajadores están ansiosos, con miedo.
Sus rostros se desencajan cuando les confirman que otra vez no habrá actividad porque así lo ordenaron los grupos delictivos que controlan la zona.
“No podemos hacer nada. Nos van a matar de hambre, porque es de donde vivimos y mantenemos a nuestras familias y, si no cortamos, no ganamos”, suelta un jornalero.
Platica que a ellos les pagan entre 80 y 90 pesos por caja de limón recolectada; al día, a veces llegan a cortar solo tres o cuatro cajas.
Ello, porque su labor es interrumpida por los enfrentamientos o ataques entre grupos antagónicos del crimen organizado en esa zona del Valle de Apatzingán.
Desde hace tres meses que arreció la guerra entre cárteles, a veces solo son llamados para trabajar una o dos veces a la semana.
Una familia de jornaleros se adelanta y no espera a morir asesinada o de hambre: las personas cargan su camión y buscan huir.
El padre y la madre de familia suben al vehículo a su hija y a su hijo, de dos y tres años, respectivamente, y dejan su hogar sin saber a dónde van a ir.
La camioneta pasa por un puesto de control y vigilancia. Los adultos fingen una sonrisa y los pequeños se despiden con la mano.
Conmovido, un elemento de la Guardia Civil ondea sus brazos. Enfatiza que ya se cumplió una semana de que está paralizada la producción del limón.
“Ya lleva esto más de una semana, donde ya no hay limoneros y los empaques se quedaron vacíos. Nosotros aquí estamos para disuasión de algún delito y cuidar a la gente”, dice.
También cerró sus puertas el Tianguis Limonero, donde se concentra la actividad comercial del cítrico en el Valle de Apatzingán.
En otros puntos de este municipio donde se promulgó la Constitución de 1814, también hay despliegue de fuerzas municipales, estatales, del Ejército y de la Guardia Nacional.
Consultado al respecto, el alcalde José Luis Cruz Lucatero consideró que la permanencia de esas corporaciones de seguridad devolverá la paz a su municipio.
“Tenemos una situación de inestabilidad aquí en el municipio y en la región, derivada de un conflicto entre grupos delictivos por el control de la producción de limón”, dijo.
Admitió que los más afectados son los cortadores de limón que viven al día de esa actividad agrícola y que son los más vulnerables.
“De continuar por más días esta situación, se vendrá un conflicto social y una crisis con consecuencias inesperadas, por tanto cortador que no podrá llevar comida a sus casas y ese es el sector que más me ocupa y me duele”, advirtió.
Además, adelantó que, de prolongarse esa paralización del sector limonero, el producto escaseará y el que pagará el costo será el consumidor final.
“Por consecuencia, eso hará que el precio del limón a nivel nacional se dispare, y lo peor es que va a impactar en el bolsillo y la economía de los mexicanos”, dijo.
La actividad del limón es el motor del valle, ya que representa el 75% de la economía de sus habitantes. Ante esto, el alcalde por ahora solo puede confiar en que pronto se solucione la crisis.
