Los aspirantes del Frente Amplio por México podrán mantener sus cargos públicos en el Senado y la Cámara de Diputados mientras buscan la candidatura presidencial de la alianza opositora.
Esto, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) descartara que las personas servidoras públicas deban separarse del cargo mientras participan en el proceso interno de los partidos.
La magistrada Janine Otálora, quien presentó un proyecto que incluía obligar a los participantes a separarse del cargo, argumentó que los aspirantes de un proceso “ejercen un rol protagónico” en estas instancias, pues encabezan actividades con el objetivo de construir un liderazgo político.
“No existe otra garantía suficiente para asegurar la neutralidad y equidad, así como para prevenir el uso indebido de recursos públicos, que exigir la separación del cargo de quienes se inscriban para participar en estos procesos”, insistió la magistrada.
Sin embargo, esta parte del proyecto fue rechazada por la magistrada Mónica Soto, así como por los magistrados José Luis Vargas Valdez, Indalfer Infante, Felipe de la Mata Pizaña y el presidente del tribunal Reyes Rodríguez Mondragón.
Los magistrados Mónica Soto, José Luis Vargas Valdez, Indalfer Infante, Felipe de la Mata Pizaña y el presidente del tribunal Reyes Rodríguez Mondragón descartaron obligar a aspirantes presidenciales a renunciar a sus cargos públicos.
Entre los aspirantes presidenciales del Frente Amplio por México que tienen un cargo público están las senadoras Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes.
También está el senador Miguel Ángel Mancera y los diputados Santiago Creel (presidente de la Cámara) e Ignacio Loyola, quienes iniciaron recorridos por el país sin separarse del cargo y cobrando sus dietas y apoyos para actividades legislativas, que fluctúan entre 150 mil y 300 mil pesos mensuales cada uno.
En julio pasado, la magistrada Janine Otálora también sugirió invalidar la convocatoria al proceso del Frente Amplio por México y suspender todo el proceso, por considerar que viola los principios constitucionales de legalidad, equidad y certeza.
Sin embargo, Sala Superior del Tribunal Electoral dio luz verde al proceso de selección del “responsable de la construcción del Frente Amplio Opositor” y ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) emitir lineamientos para regular dicho proceso.
Dichos lineamientos fueron aprobados el pasado 26 de julio y regulan los procesos políticos, actos, actividades y propaganda de las y los aspirantes a una candidatura presidencial.
