Por Francisco Sandoval Bojórquez
Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
En Sonora, en los últimos seis años, el Poder Judicial y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos han recibido 275 denuncias por casos de tortura presuntamente cometidos por servidores públicos, de acuerdo con información obtenida por solicitudes de información por transparencia.
Sin embargo, en esa entidad no existe una Fiscalía especializada para investigar el delito y según testimonios de víctimas entrevistadas para este reportaje, existe amedrentamiento y obstáculos para quienes buscan justicia por estos agravios.
Al menos 66 personas manifestaron haber sufrido tortura al enfrentar una detención y/o un proceso penal ante la Fiscalía General de Sonora y ante los cuerpos de policías estatal y municipales de Sonora, de acuerdo con los registros del Poder Judicial de ese estado, en respuesta a una solicitud de información por transparencia.
Estos casos sucedieron en el periodo de enero de 2017 —año en el que la Procuraduría de Justicia se constituyó como Fiscalía para la ejecución del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio— a marzo de 2023.
La dependencia informó que en ninguno de los casos anteriores han habido denuncias penales contra los presuntos agresores, por lo que tampoco se realizaron judicializaciones ni sentencias contra las personas señaladas.
Paralelo al registro del Poder Judicial de Sonora, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) recibió 209 quejas por tortura también del 2017 a marzo de 2023. De estas quejas, 109 fueron contra la Fiscalía General de Sonora y 39 contra policías municipales.
Sin embargo, la CEDH sólo ha emitido en este periodo tres recomendaciones por el delito de tortura cometido por funcionarios públicos de la Fiscalía, según una respuesta enviada por transparencia.
Adicionalmente, el organismo autónomo emitió otras 35 recomendaciones relacionadas con abusos físicos y psicológicos como golpes y amenazas a personas en situación de detención, pero no las catalogó como tortura, sino como abusos de autoridad, de acuerdo con información pública disponible en su portal.
En estos casos la principal autoridad responsable son policías municipales, quienes acumulan 26 recomendaciones; la Fiscalía de Sonora cinco recomendaciones, y la Policía Estatal de Seguridad Pública cuatro más.
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