La Corte Suprema de Estados Unidos (EEUU) confirmó una sección de la norma federal que persigue a las personas que fomentan la inmigración ilegal.
Dictaminaron en contra de un hombre de California que ofrecía adopciones de adultos mediante las cuales, según afirma engañosamente, obtendrían la ciudadanía estadounidense.
El tribunal rechazó el argumento del acusado de que la ley federal tiene un alcance demasiado amplio y viola por tanto la Constitución.
El caso afecta a una sección de la ley federal de inmigración que dice que una persona que “alienta o induce” a un no ciudadano a venir o permanecer ilegalmente en EEUU puede ser castigada con hasta cinco años de prisión.
Esa pena aumenta a 10 años si el acusado lo hace para obtener un beneficio económico.
Helaman Hansen vivía en Elk Grove, cerca de Sacramento, Sacramento, donde ofrecía un programa de adopción de adultos.
El Gobierno federal dice que entre 2012 a 2016 engañó a más de 450 de extranjeros para que le pagaran una suma considerable con la falsa promesa de que esa adopción los convertiría en ciudadanos.
Al menos 471 personas le pagaron entre 550 y 10 mil dólares cada una y llegaron a EEUU o se quedaron aquí de forma ilegal, a pesar de que Hansen sabía que las adopciones de adultos que estaba organizando no les daría la ciudadanía.
Hansen fue condenado a 10 años de prisión por cargos de incitación a la inmigración irregular y a 20 años por fraude.
Sin embargo, una corte de apelaciones dictaminó que la norma sobre incitación es demasiado amplia y viola la cláusula de libertad de expresión de la Primera Enmienda de la Constitución, anulando la condena a 10 años.
Ahora la Corte Suprema dictaminó que no se puede extender la protección de la Primera Enmienda que garantiza la libertad de expresión para que proteja estas conductas delictivas.
“Tras concluir que esta ley penaliza la defensa de la inmigración y otros discursos protegidos, la Corte de Apelaciones del 9º Circuito la consideró inconstitucionalmente excesiva en virtud de la Primera Enmienda”, escribió la juez Amy Coney Barrett en el fallo.
“Eso fue un error. Correctamente interpretada, esta disposición sólo prohíbe la solicitud intencionada o la facilitación de determinados actos ilegales.
No ‘prohíbe una parte sustancial de expresión protegida’, y mucho menos lo suficiente como para justificar que se deseche el ‘alcance claramente legítimo’ de la ley”, añadió el dictamen judicial.
Con información de The Associated Press, Scotusblog y Telemundo
