Tras más de un año inmerso en la llamada “guerra contra las pandillas”, Nayib Bukele anunció una contienda más.
Esta vez es contra los corruptos y proclamó la construcción de una nueva cárcel donde encerrarlos.
Así lo informó el mandatario la noche del jueves, durante su discurso a la nación al cumplir su cuarto año en el poder.
Como muestra de su nueva ofensiva, Bukele anunció que, en el momento en que pronunciaba esas palabras, la Fiscalía General de la República ejecutaba el allanamiento e incautación de todas las propiedades del expresidente Alfredo Cristiani, quien gobernó el país de 1989 a 1994.
“Así como desplegamos fuerzas de seguridad y acorralamos a los pandilleros hasta llevarlos a la cárcel, así también perseguiremos a los delincuentes de cuello blanco, vengan de donde vengan”, dijo Bukele.
Desde su salida del poder, Cristiani fue fuertemente señalado por presuntos actos de corrupción.
Por ejemplo, una investigación periodística de El Faro reveló que cinco meses antes de dejar el gobierno, Casa Presidencial emitió 106 cheques a su nombre por un monto total de 5,5 millones de dólares, cuyo destino se desconoce.
El mismo periódico también desveló que Cristiani fue director, propietario o presidente de al menos 15 empresas offshore en las Islas Vírgenes, Británicas y Panamá desde 1992 hasta 2018, por lo menos.
A mediados de 2021, diputados del oficialismo pusieron un aviso ante la Fiscalía General de la República acusando al exmandatario de haber cometido lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y cohecho.
Sin embargo, no había sido procesado por ninguno de esos delitos hasta ahora.
Cristiani, además, es perseguido por la justicia desde marzo del año pasado por su presunta participación en la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras en 1989, durante la guerra civil salvadoreña.
Se presume que el exmandatario abandonó el país en febrero de 2022.
La nueva “guerra” anunciada por Bukele ha sido cuestionada por analistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la transparencia y contra la corrupción.
Temen que la medida sirva únicamente para apresar a los enemigos políticos del presidente a menos de un año de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales programadas para febrero y marzo del próximo año.
“No existe una política pública de combate a la corrupción en este gobierno. Lo que sí puede existir ahora es una persecución de contrincantes políticos que incomodan al poder bajo la supuesta bandera de combatir la corrupción.
Pero mientras no se toque al círculo cercano al poder, no podemos hablar de un real combate a la corrupción”, dijo Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción en El Salvador.
Solo en el último año, las autoridades salvadoreñas han capturado a más de 68 mil personas acusadas de pertenecer a pandillas o colaborar con ellas.
Sin embargo, miles de inocentes han sido capturados y decenas han muerto torturados en prisión sin ser juzgados, según han denunciado organismos de derechos humanos.
Otros señalan que la nueva “guerra” podría ser un caso de revanchismo familiar.
En 2014, antes de fallecer, Armando Bukele, padre del actual mandatario, escribió en su cuenta de Twitter que Cristiani había intentado romper su familia.
“Pero gracias a él, nos hizo más fuertes. ¡Hoy, que lo intente!”, escribió.
Para entonces, su hijo iniciaba su carrera política como alcalde de un pequeño municipio llamado Nuevo Cuscatlán.
Ahora, tras cuatro años como presidente, Bukele controla todo el sistema de justicia en El Salvador. Llegó al poder en 2019 ondeando la bandera de la lucha contra la corrupción. Sin embargo, en el tiempo que lleva en el poder ha desbaratado todas las instituciones de transparencia y contraloría.
Además, destituyó al fiscal general que lo investigaba por presuntas negociaciones de su gobierno con las pandillas y disolvió la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIES) que él mismo instaló en el país después de que ésta elaborara un informe con más de una docena de posibles casos de corrupción entre sus funcionarios.
Al inicio de la crisis ocasionada por la pandemia de la covid-19, el mandatario aseguró públicamente que a quien robara un solo centavo de fondos públicos lo metería preso él mismo.
Desde entonces y hasta hoy, la prensa local ha publicado un rosario de señalamientos por corrupción, pero nadie ha sido preso.
Contrario a sus promesas, Bukele ha protegido a todos sus funcionarios acusados de actos de corrupción.
Solo por mencionar algunos casos, su director de prisiones Osiris Luna fue acusado de robar comida que iba a ser repartida entre los más necesitados durante la crisis de la pandemia y venderla para su beneficio.
A su director de la Unidad de Reconstrucción de Tejido Social, Carlos Marroquín, lo han señalado por liberar y ayudar a escapar del país a un alto líder de la MS-13 antes de que iniciara el régimen de excepción y hasta hay audios en los que se le escucha decir que tiene “lealtad y confianza” con la pandilla.
Asimismo, su jefa de gabinete, Carolina Recinos, ha sido acusada de usar su influencia para beneficiar a sus dos hermanos a través de un banco estatal.
En lo que va de su administración, más de una docena de los funcionarios del gobierno de Bukele han sido señalados por actos de corrupción por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos, incluyendo a su secretario de prensa, su secretario jurídico, su ministro de Trabajo, uno de sus exministros de Agricultura y su exministro de Justicia.
Pero Bukele ha reaccionado ante los señalamientos tildándolos de injerencias.
Bukele además aprovechó su discurso a la nación para anunciar un reordenamiento político-administrativo del territorio nacional. Ahora, El Salvador pasará de tener 262 alcaldías a solo 44.
Según Bukele, esta medida tiene la finalidad de reducir el gasto público y maximizar la inversión en obras para las comunidades.
“Los municipios no cambiarán de nombre, por lo que podrán seguir celebrando sus fiestas patronales como siempre.
Ni los empleados públicos serán despedidos. Los que se van son los puestos de confianza”, aseguró.
Bukele además señaló que con esta redistribución también busca combatir la corrupción.
Sin embargo, esta medida ha sido vista por la oposición como una estrategia para beneficiarse en las próximas elecciones.
“Cualquier cambio al sistema electoral, a menos de un año antes de las elecciones, responde a una sola cosa: miedo”, escribió Andy Failer, presidente del partido político Nuestro Tiempo.
Este partido recientemente anunció a sus dos posibles precandidatos presidenciales y convocó a las diferentes fuerzas políticas del país a apoyar una candidatura única desde un grupo plural de la sociedad civil.
Por su parte, Anabell Belloso, diputada del partido FMLN, aseguró que el objetivo principal de esta medida es “seguir concentrando el poder”.
Además, dijo que la disposición atenta contra la pluralidad en la administración pública, ya que disminuye el número de participantes que los partidos podrán tener en las próximas elecciones.
“Al final lo que está de fondo es el interés del Gobierno de no perder control”, señaló.
Bukele presentó la propuesta de la reorganización a la Asamblea Legislativa la noche del jueves y manifestó su voluntad de que se apruebe antes de las próximas elecciones, previstas para febrero.
Desde que el oficialismo ganó la mayoría en el parlamento en 2021, todas las propuestas del presidente son aprobadas por los diputados sin discusión.
Información de El País
