Por César Arellano García de La Jornada
Un juez federal le concedió una suspensión al narcotraficante Héctor Luis El Güero Palma Salazar, que ordena al Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Hidalgo, con residencia en Iguala, Guerrero, resolver, en un plazo de 72 horas como lo establece el artículo 19 constitucional, su situación jurídica.
Enrique Vázquez Pérez, titular del Juzgado Sexto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, le concedió la medida cautelar a Palma Salazar, quien apeló la omisión por no haberle informado, dentro del plazo de 48 horas y en audiencia pública, de la nueva acusación que derivó en una orden de aprehensión dentro de la causa penal 1/2023, que se cumplimentó el pasado 10 de mayo por elemento de la Fiscalía General de la República (FGR).
El juez detalló que el plazo de 72 horas empezará a correr traslado una vez que el narcotraficante quede “jurídica y materialmente” a disposición del juez causa, ya que una “puesta a disposición formal o a distancia haría imposible para el juzgador cumplir con sus atribuciones de garante y vigilante de la estricta observancia de los derechos humanos del procesado”.
Además el impartidor de justicia dio de plazo de 24 horas para que el juzgado de Guerrero informe sobre las gestiones que se encuentre realizando para que Héctor Palma sea puesto a disposición, ya sea a través de medios físicos o electrónicos, a fin de que una vez recabada su declaración preparatoria, resuelva su situación jurídica.
Deberá notificar la fecha y hora en que fue puesto a disposición, si se encuentra o no suspendido el plazo constitucional y las determinaciones que haya emitido con la finalidad de continuar con el procedimiento.
La semana pasada La Jornada informó que con base en una orden de captura girada por un juez local del estado de Guerrero, el narcotraficante Héctor Luis El Güero Palma Salazar será juzgado por el delito de homicidio calificado, lo que implica que a pesar de haber obtenido una sentencia que lo absolvía de la comisión de delitos federales, debe continuar preso en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, estado de México.
La orden de aprehensión fue girada por Cecilia Crockman, secretaria en funciones de juez de primera instancia del Distrito Judicial de Guerrero.
