Singapur ejecutó a un hombre por conspirar para traficar 1kg de marihuana a pesar de las súplicas de clemencia de su familia, activistas y Naciones Unidas.
Tangaraju Suppiah, de 46 años, fue ahorcado en la madrugada del miércoles por un complot para contrabandear esa cantidad de marihuana, el doble del límite establecido para la pena de muerte en el país, según informaron las autoridades.
Los activistas dijeron que fue condenado sobre la base de pruebas poco sólidas y que recibió asistencia legal limitada durante el proceso en su contra.
Pero las autoridades de Singapur afirmaron que fue sometido a un juicio justo y criticaron a quienes cuestionaron a los tribunales.
Singapur tiene algunas de las leyes antidrogas más estrictas del mundo. Argumenta que éstas son un elemento disuasorio necesario para los delitos relacionados con las drogas, un problema notable en otras partes del sudeste asiático.
El miércoles, la familia de Tangaraju Suppiah se reunió en la prisión de Changi, cerca del aeropuerto en el este de la ciudad, para recibir su cuerpo.
“La familia indicó que iban a luchar por él hasta el final”, le dijo a la BBC la activista anti pena de muerte Kirsten Han.
“Todavía tienen muchas preguntas sin resolver sobre su caso y la evidencia en su contra. Ha sido una experiencia muy angustiosa para ellos”.
El año pasado, Singapur ahorcó a 11 personas, todas por cargos de drogas, incluido un hombre con discapacidad intelectual condenado por traficar tres cucharadas de heroína.
Los activistas señalan que las estrictas leyes de drogas del país y el uso de la pena capital sitúan a Singapur en un lugar cada vez más aislado frente a otras naciones avanzadas de la región.
El país vecino, Malasia, abolió la pena de muerte obligatoria a principios de este mes, afirmando que no era un disuasivo efectivo para el crimen.
Mientras tanto, la marihuana se ha despenalizado en muchas partes del mundo, incluso en otro país cercano, Tailandia, donde se fomenta su comercio.
“Es simplemente ilógico saber que los países cercanos disfrutan de la marihuana en alimentos y bebidas, y la usan por sus beneficios médicos, mientras que nuestro país ejecuta a personas por la misma sustancia”, declaró el grupo activista local Colectivo de Justicia Transformadora.
Los tribunales de Singapur rechazaron el martes una apelación de última hora de la familia de Tangaraju Suppiah contra su condena.
Los partidarios también habían solicitado un indulto a la presidenta de Singapur, Halimah Yacob, mientras que el activista multimillonario británico Richard Branson se sumó a los que pedían que el caso fuera revisado.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU también pidió el martes a Singapur que “reconsiderara urgentemente” la ejecución, diciendo que la pena de muerte viola las normas internacionales.
El caso
Tangaraju Suppiah había sido condenado por “incitar a participar en una conspiración para traficar” el kilo de marihuana de Malasia a Singapur, en 2013.
No se le encontró con la droga ni tampoco durante la entrega. Pero los fiscales dijeron que él había sido responsable de coordinarla, y rastrearon hasta él dos números de teléfono utilizados por un repartidor.
Tangaraju negó su participación y señaló que él no había sido la persona que se comunicó con el repartidor. Dijo que había perdido uno de los teléfonos y negó ser dueño del segundo.
La legislación de Singapur exige la pena de muerte para los culpables de tráfico de narcóticos, incluidos marihuana, cocaína, heroína y ketamina, que superen cierta cantidad.
Los traficantes condenados que puedan demostrar que solo eran mensajeros pueden evitar la pena de muerte.
La posesión y el consumo de drogas conllevan penas menores, como prisión y multas.
En la última apelación de Tangaraju Suppiah, el juez estuvo de acuerdo con la fiscalía en que él había sido el responsable de coordinar la entrega, lo que lo hacía inelegible para una condena menos severa.
Los activistas expresaron su preocupación porque no se le dio acceso adecuado a un intérprete de tamil y se vio obligado a representarse a sí mismo en su última apelación porque su familia no pudo conseguir un abogado.
Las autoridades de Singapur afirman que solicitó un intérprete solo durante el juicio, y no antes. También dijeron que tuvo acceso a asistencia legal durante todo el proceso.
Branson, que previamente criticó la ejecución en 2022 de Nagaenthran Dharmalingam, un hombre con discapacidad intelectual, dijo que este último caso es “impactante a múltiples niveles”.
En una publicación de blog el lunes, afirmó que Singapur “puede estar a punto de matar a un hombre inocente” debido a “circunstancias más que dudosas”.
Refutando sus acusaciones, el Ministerio del Interior de Singapur acusó a Branson de “faltar al respeto a los jueces de Singapur y a nuestro sistema de justicia penal”.
Indicó que la pena de muerte era “un componente esencial” en un enfoque múltiple que “había sido eficaz para mantener a Singapur seguro”.
El caso de Tangaraju Suppiah marcó la primera ejecución del país este año.
Singapur es uno de los 35 países y territorios del mundo que sentencian a muerte a personas por delitos relacionados con las drogas, según Harm Reduction International (HRI), una ONG sin fines de lucro.
También se considera un país con alto índice de cumplimiento de estas condenas, con al menos 10 ejecuciones en los últimos cinco años.
Estados Unidos y Corea del Sur son los únicos dos países miembros de la OCDE que mantienen la pena de muerte por delitos de drogas, pero no han llevado a cabo este tipo de ejecuciones en los últimos cinco años, según HRI.
Información de BBC
