El Comité Técnico Evaluador dejó fuera de los aspirantes a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) a Carla Humphrey.
Lo anterior debido a un impedimento constitucional, por ser actualmente consejera electoral.
Durante la sesión pública de este viernes, la integrante del Consejo Técnico, Maite Azuela, explicó que las personas aspirantes que presentan un impedimento constitucional para participar en este proceso incluye a las personas aspirantes que hoy son consejeras electorales.
“No pueden ser elegidos por segunda ocasión para ocupar un cargo en el Consejo General del INE para el periodo que comprenden al 4 de abril de 2032, ya que esto consistiría en una reelección y además ocuparían el cargo formas de los nueve años que se establecen en la Constitución”.
Azuela dijo que la decisión fue tomada por unanimidad y se fundamenta en el artículo 41, base quinta, apartado A, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Detalló que de los 664 aspirantes que concluyeron su trámite de entrega de documentación, 531 cumplieron los requisitos establecidos.
Más de 160 mujeres se registraron
Asimismo, 164 se identificaron como mujeres, 358 como hombres, cinco como no binarias, una como mujer transgénero y tres no especificaron.
Mientras que 32 aspirantes no quedaron registrados ya que no entregaron el ensayo o la exposición de motivos requeridos en la convocatoria.
Rechazaron la postulación de tres personas aspirantes que no reunían el requisito legal de contar con la antigüedad mínima de cinco años de haber obtenido el título profesional de nivel licenciatura, como se contemplaba la convocatoria.
Siguen en la contienda
Se mantienen como aspirantes a consejeros electorales, Bertha Alcalde Luján, hermana de la secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde; el extitular de la Defensoría Pública, Netzaí Sandoval, hermano de Irma Eréndira Sandoval, exsecretaria de la Función Pública; y el magistrado del Tribunal Electoral de Aguascalientes, Ociel Baena.
El 3 de marzo dará a conocer la lista definitiva de aspirantes que, con base en su documentación, cumplen los requisitos constitucionales y legales, y pasarán a la fase de examen de conocimientos en las materias constitucional, gubernamental, electoral y derechos humanos.
