El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó este jueves ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un juicio electoral de urgente resolución en contra del Congreso de la Unión, ante la publicación en el Diario Oficial de la Federación del plan B, que ordena el cese inmediato del secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina.
En su demanda, el INE argumenta que la facultad de designar al secretario ejecutivo es exclusiva del Consejo General del INE que, en este caso, hizo dicho nombramiento en febrero de 2020 para un periodo de seis años.
“Además, la Carta Magna señala que no pueden expedirse leyes privativas, esto es, en contra de una persona específica; en consecuencia, no puede disminuir el periodo del nombramiento de un Secretario Ejecutivo en lo particular, determinado por el Consejo General. Por ello, tanto Edmundo Jacobo como el INE, pueden impugnar esta medida, sin dejar de acatarla”, añade el INE en su comunicado.
En paralelo, Edmundo Jacobo Molina solicitó esta mañana un amparo ante la justicia federal e interpuso un juicio de protección de sus derechos políticos ciudadanos ante el TEPJF, por considerar que el artículo 17 transitorio del decreto promulgado esta madrugada es violatorio de sus garantías constitucionales.
En dicho artículo se ordena el cese del secretario ejecutivo del INE “a partir de la publicación del decreto”; es decir, desde el primer minuto de este jueves, que es cuando se publicó la edición matutina del DOF.
Por el momento, el cese de Jacobo Molina es la única consecuencia jurídica de la publicación del plan B, pues en el primer artículo transitorio establece que “entrará en vigor al día siguiente de su publicación”; es decir, el viernes 3 de marzo.
Esta contradicción fue calificada esta mañana por el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, como una prueba “del muy mal trabajo legislativo” que se hizo con el plan B.
El consejero presidente explicó que el cese inmediato de quien ha sido secretario ejecutivo desde 2008 fue una medida adoptada para evitar el incumplimiento de la ley que aprobaron los diputados, a pesar de que ésta sea contradictoria en sus términos y plazos.
“Es una ley que claramente viola derechos políticos y derechos laborales de una multiplicidad de personas, pero nosotros no vamos a hacer lo que quisieran los detractores del instituto, que es incumplir la ley para que continúe la campaña de acoso y hostigamiento de que estamos siendo objeto desde hace ya muchos meses”, comentó.
Córdova citó hoy a una sesión extraordinaria del Consejo General del INE, a celebrarse mañana viernes a las 10:30 horas, para someter a consideración de las demás consejeras y consejeros el nombramiento de un encargado de despacho que sustituirá al secretario ejecutivo mientras los tribunales resuelven su situación jurídica, o hasta mayo de 2023, que es el plazo que da el plan B para el nombramiento de un nuevo secretario ejecutivo de seis años.
Se trata de Roberto Heycher Cardiel, director ejecutivo de Capacitación y Educación Cívica, quien es el funcionario de más antigüedad en la Junta General Ejecutiva del INE.
Además, Córdova pondrá a consideración del Consejo un proyecto de acuerdo mediante el cual se da inicio formal a “la organización y aprobación de los trabajos de modificación de los instrumentos normativos y administrativos del instituto”.
Ese acuerdo lleva implícita la creación de un comité técnico para la implementación de la reforma electoral 2023, trabajos que la reforma obliga a iniciar a partir de la entrada en vigor del decreto.
A pesar de ello, el INE emprenderá en paralelo acciones jurídicas para combatir el plan B: por un lado, una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por otro lado, un juicio ante el Tribunal Electoral, a la espera de que el Poder Judicial declare inconstitucional la reforma procesada por Morena y sus aliados.
