La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la Ley Nacional de Registro de Detenciones (LNRD), misma que había sido impugnada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Mientras era titular de la comisión, Luis Raúl González Pérez había impugnado el artículo 5º transitorio de la ley, al considerar que esta planteaba que los militares no estaban obligados a reportar la detención de un presunto criminal, siendo que este deber recae sobre la policía.
Sin embargo, el ministro Javier Laynez expuso que la ley no debía de ser leída de esta manera, sino que por el contrario, se debía entender que las fuerzas armadas, cuando realizaban labores de seguridad pública, estaban obligadas a registrar todas las detenciones.
“La interpretación correcta del quinto transitorio conlleva que la fuerza armada permanente que realice tareas de seguridad pública está sujeta a la ley y que no deberá dar aviso en términos del (artículo) 19, sino que debe realizar directamente el registro inmediato”, señaló Laynez.
Por otro lado, la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) lamentó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no haya hecho público el proyecto sobre la Ley Nacional de Registro de Detenciones.
A través de un comunicado, la entidad sostuvo que esta omisión es preocupante, ya que consideró este como un tema de suma relevancia al estar relacionada a los derechos humanos de los mexicanos.
Militarización ha causado más violencia, acusa HRW
La organización internacional Human Rights Watch (HRW) señaló que el constante uso de las Fuerzas Armadas ha provocado mayor violencia en México.
Sostuvo que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se han alcanzado nuevos récords en violencia.
Dentro de su informe mundial 2023, la organización estableció que “desde el inicio de la guerra contra el crimen organizado en 2006, los índices de delincuencia violenta han sufrido un aumento drástico en México, y alcanzaron niveles históricos durante el gobierno del actual mandatario”.
La organización resaltó que “los esfuerzos para reformar la policía y las fiscalías han sido ineficaces. El Congreso, controlado por el partido de López Obrador, disolvió la Policía Federal en 2019. Transfirió formalmente funciones policiales al Ministerio de Defensa en 2022″.
Además, la entidad remarcó que el presidente López Obrador ha ampliado las labores del Ejército y le ha aumentado el presupuesto de manera importante.
Información de El Financiero
