El gobierno de Honduras autorizará el uso de la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE), prohibida hace más de una década en el país, para prevenir embarazos en casos de violación, anunció el ministro de Salud, José Manuel Matheu.
La nación centroamericana, la única de Latinoamérica que no permite el uso de la llamada “píldora del día después”, es una de las más restrictivas de la región en materia de aborto que sanciona con penas de hasta seis años a las mujeres que se someten a ese procedimiento y a quienes lo practican.
“La PAE vamos a ponerla para las víctimas de violación porque no es un método anticonceptivo, estamos esperando que salga de la unidad normativa para firmarlo”, informó Matheu en un evento con organizaciones de mujeres el lunes por la noche.
Organizaciones feministas calificaron la medida de insuficiente frente a la elevada cifra de embarazos, sobre todo de niñas y jóvenes de entre 15 y 19 años, que en 2021 fue de 89 por cada 1,000 menores, según cifras oficiales.
Honduras ocupa actualmente el segundo lugar en embarazos adolescentes en Latinoamérica después de Nicaragua, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
El Centro de Derechos de la Mujer de Honduras (CEMH) lamentó que la medida no beneficie a toda menor que quiera interrumpir un embarazo no deseado. “Es insuficiente para enfrentar el problema del embarazo de niñas y adolescentes”, dijo a Reuters María Elena Méndez, dirigente de ese grupo.
El Congreso aprobó en 2021 una reforma constitucional que blinda la prohibición del aborto, incluso en casos de violación, malformación del feto o si la vida de la mujer embarazada está en peligro, al establecer que la norma sólo podrá ser modificada por tres cuartas partes de votos en la cámara legislativa.
Asociaciones de mujeres y de defensa de los derechos reproductivos que luchan por la despenalización del aborto y servicios de salud seguro para ello, presentaron más de una decena de recursos de inconstitucionalidad contra la reforma que hasta el momento no han prosperado.
La nación centroamericana, la única de Latinoamérica que no permite el uso de la llamada “píldora del día después”, es una de las más restrictivas de la región en materia de aborto que sanciona con penas de hasta seis años a las mujeres que se someten a ese procedimiento y a quienes lo practican.
“La PAE vamos a ponerla para las víctimas de violación porque no es un método anticonceptivo, estamos esperando que salga de la unidad normativa para firmarlo”, informó Matheu en un evento con organizaciones de mujeres el lunes por la noche.
Organizaciones feministas calificaron la medida de insuficiente frente a la elevada cifra de embarazos, sobre todo de niñas y jóvenes de entre 15 y 19 años, que en 2021 fue de 89 por cada 1,000 menores, según cifras oficiales.
Honduras ocupa actualmente el segundo lugar en embarazos adolescentes en Latinoamérica después de Nicaragua, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
El Centro de Derechos de la Mujer de Honduras (CEMH) lamentó que la medida no beneficie a toda menor que quiera interrumpir un embarazo no deseado. “Es insuficiente para enfrentar el problema del embarazo de niñas y adolescentes”, dijo a Reuters María Elena Méndez, dirigente de ese grupo.
El Congreso aprobó en 2021 una reforma constitucional que blinda la prohibición del aborto, incluso en casos de violación, malformación del feto o si la vida de la mujer embarazada está en peligro, al establecer que la norma sólo podrá ser modificada por tres cuartas partes de votos en la cámara legislativa.
Asociaciones de mujeres y de defensa de los derechos reproductivos que luchan por la despenalización del aborto y servicios de salud seguro para ello, presentaron más de una decena de recursos de inconstitucionalidad contra la reforma que hasta el momento no han prosperado.
