Por Manuel Velázquez
El juez federal, Juan Marcos Dávila Rangel, rechazó otorgar una “suspensión definitiva” a Cristian Solís Arriaga, por la orden de aprehensión que se emitió en su contra por explotar el pozo minero en Pinabete, Coahuila, donde murieron 10 trabajadores.
El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila, rechazó la suspensión que promovió Cristian Solís Arriaga, ya que no cumplió con la garantía de 500 mil pesos que se impuso cuando se le había negado un amparo provisional.
Cristian Solís había promovido desde el pasado 7 de septiembre, la suspensión definitiva después de que la Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez de control libró tres mandamientos de captura dentro de la causa penal 237/2022.
El juez, Juan Marcos Dávila, negó la medida cautelar pues argumentó que la autoridad que el quejoso señaló como responsable, en este caso al Jefe Regional de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Coahuila, con sede en Monclova, no existe, además de que no pagó dicha garantía, por lo que la suspensión provisional dejó de surtir efecto.
Solís Arriaga es señalado junto con Luis Rafael García Luna Acuña y Arnulfo Garza Cárdenas, estos dos últimos prófugos de la justicia, de ser el operador y dueños de la mina en cuyo derrumbe murieron los 10 asalariados.
Los tres están acusados de delitos relacionados con el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales, que consisten en aprovechar o explotar un bien que pertenece a la nación, sin haber obtenido previamente concesión, permiso o autorización.
En tanto, la Interpol emitió una ficha roja de localización y detención en contra de los otros dos acusados que han no han sido capturados.
Información de La Razón
