Hace unos días, en Barcelona se dio a conocer la historia de Carmen, quien se quedó sin el amparo de la Ley de Violencia Machista porque su expareja cambió de género.
El 15 de agosto, Carmen presentó una denuncia contra Agustín, ahora Julia, por violencia doméstica, una parcela mucho menos garantista (por razones lógicas) con los espacios de protección de las mujeres.
Ella no tiene acceso a una orden de alejamiento porque, a ojos de la Justicia, el conflicto que asegura sufrir es el mismo que pueda darse entre hermanos, así que está condenada a seguir junto a Agustín, quienes conviven en la misma casa porque el dinero de su jubilación es no contributiva.
La pareja comenzó su noviazgo en 2011. Ambos venían de otras relaciones y guiaron la suya con la madurez de dos personas que rebasaron la barrera de los 50 años.
En 2020, según relata Carmen, Agustín comenzó a cambiar: “Quería ponerse ropa interior femenina en momentos íntimos. Pensé que podía ser fetichismo pero después me decía que se sentía mujer y me pidió permiso para hormonarse. Nunca ha querido cambiar de sexo”.
“Le dije que si él quería ese camino, yo le acompañaría pero como amiga, nunca como pareja porque soy heterosexual. Cada vez que me duchaba, se metía en la bañera y me toqueteaba, al igual que por la noche, cuando creía que yo estaba dormida, se metía en la cama para tocarme”, contó Carmen y fue cuando decidió terminar con él.
El punto de inflexión se produjo el 15 de agosto cuando Carmen llegó a casa tras pasar la tarde cuidando de sus nietos.
Ella había puesto un candado en su habitación que, al llegar a su casa estaba forzado y todas sus cosas, revueltas y le pidió explicaciones a Agustín.
“Después de decirme ‘a callar, coño’, empezó a darme empujones, golpes, me intentó quitar el móvil. Yo tenía sangre y arañazos”, mencionó.
Consciente de que cuando una mujer es víctima de violencia de género hay derechos que se despliegan, fue al hospital para hacer unos exámenes médicos y así poder denunciar.
Sin embargo, la a Policía de la Generalidad-Mozos de Escuadra no pudieron intervenir en la denuncia porque Agustín cambió de género cinco meses antes, en marzo.
“Cuando me senté delante del agente me comunicó con sorpresa que mi expareja tenía, ahora, nombre de mujer a efectos oficiales”, dijo Carmen.
Según la documentación de El Mundo, Agustín cambió su nombre a Julia el pasado 28 de marzo en el Registro Civil tras haberlo solicitado un mes antes.
En aquella primera visita, presentó el correspondiente peritaje psicológico que acreditaba que llevaba dos años con la intención de modificar su género y con los informes que demostraban que estaba medicado con hormonas.
Con una copia de la nota registral, cambió su DNI y el resto de documentos oficiales sin informar a nadie y mucho menos a Carmen.
Antes de que comenzaran los problemas entre ellos tras la decisión de Agustín, Carmen le concertó una cita en el Servicio Público de Salud catalán.
“Era una psiquiatra experta en transexualidad. Tras la terapia, vino enfadado porque la médico puso que tenía tendencias al travestismo y no rasgos transexuales”, compartió.
“Me dejó fuera del piso más de cinco horas. Tuvieron que venir los mossos y tampoco quería abrir. Cuando lo hizo, los mossos ven a un hombre vestido de hombre pero no pueden actuar” informó Carmen.
En este proceso, Carmen está representada por Meritxel Cabezón y la asesora jurídica Nuria González que, además, son activistas feministas. Ambas dudan de la validez de los documentos que Agustín llevó al Registro Civil y ponen en la picota, en base a su caso, la nueva ley trans aprobada en el Consejo de Ministros y que actualmente tramita el Congreso.
“Cuando se generan cierto tipo de leyes, decaen los derechos, como ha pasado con Carmen, y estos corren el riesgo de desaparecer. Ha sucedido en este caso y la ley que se quiere aprobar de urgencia, sin debate va a permitir el cambio de sexo o de género sin ningún tipo de trámite. Agravará lo que ya hoy existe”, reflexiona González.
“Esta ley es retrógrada, dictatorial y lo más sexista que hemos visto en la vida”, insiste.
“Ella ahora no tiene derecho a nada y no sólo a nivel penal sino también social, alerta, por su parte, Meritxell Cabezón. Como estrategia de defensa sirve pero es peligroso”, añadió.
Al igual que González advierte de las posibles consecuencias de la nueva normativa. “Pervierte el fin de la norma y desprotege a las mujeres. Es una barbaridad”, finalizó.
Con información de El Mundo
