Hermosillo, Sonora.- Alfonso Durazo Montaño presentó la Política Ciudadana de Persecución Penal, metodología con la que se homologa la estructura y trabajo de los ministerios públicos con la finalidad de eficientar todos sus procedimientos.
“Está basado en una metodología excepcional, y teniendo como objetivo homologar el desempeño de ministerios públicos, clarificar los procedimientos y sintonizar a toda la estructura en la procuración de justicia para eficientar sus procedimientos, no me deja sino el razonamiento, la conveniencia de expresar aquí mi reconocimiento a todas, todos aquellos que participaron en este proceso”, indicó.
Claudia Indira Contreras Córdova, fiscal general de Justicia, informó que, para la conformación de este documento, se contó con la participación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), en conjunto con la sociedad civil; y sus lineamientos buscan mejorar la calidad de la procuración de justicia en la entidad.
“El propósito de esta política es muy claro: se trata de garantizar el acceso a la justicia, reducir la impunidad, priorizar los derechos de las víctimas e incrementar los márgenes de seguridad para la ciudadanía”, comentó.
Ken Roy, cónsul general de Estados Unidos en Hermosillo, reconoció el trabajo del gobernador Alfonso Durazo Montaño por impulsar este tipo de iniciativas que son innovadoras en el país.
“Quiero felicitar al gobernador, especialmente, y al Gobierno de Sonora, por sentar las bases de esta innovación en México. Nosotros seguiremos acompañando este esfuerzo en todo el país, con la política de persecución penal de Sonora”, dijo.
Durante esta ceremonia se entregaron reconocimientos a ministerios públicos que, desde hace dos años, se han capacitado en la Política Ciudadana de Persecución Penal.
Presentes: Rafael Acuña Griego, presidente del Supremo Tribunal de Justicia en Sonora; Francisco Díaz Brown, presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública; Raúl Pérez Vázquez, comandante de la Cuarta Región Naval; Álvaro Bracamonte Sierra, secretario de Gobierno; María Dolores del Río Sánchez, secretaria de Seguridad Pública; Adolfo Salazar Razo, secretario de la Consejería Jurídica; Francisco Sergio Méndez, delegado de la FGR en Sonora; Jorge Taddei Bringas, delegado de Bienestar en Sonora y Leonardo Escobar, representante de Usaid México.
