“Mientras la pobreza, la injusticia y la desigualdad social persistan en nuestro mundo, ninguno de nosotros realmente puede descansar” (Nelson Mandela).
Tenemos un panorama incierto para la justicia social en un terreno por demás sensible, ya que el futuro de la seguridad social de 869 empleados del Ayuntamiento de Hermosillo podría quedar en manos de la iniciativa privada, o lo que resulte.
Sucede que las autoridades municipales han decidido dar solución a la problemática de salud de sus empleados “con menos de siete años de antigüedad”, mediante un sistema privado de salud, a cargo de instituciones médicas como Hospital Licona, San Diego de Alcalá y CIMA.
De acuerdo con el proyecto, quienes tengan menos de siete años podrán optar por un esquema que seguramente ahorrará el pago de cuotas al Isssteson, pero también el eventual pago de pensiones tras una afanosa y, ahora lo sabemos, precaria y riesgosa vida laboral al servicio del municipio:
“Estamos siendo muy responsables en no generar expectativas a personas que no les vamos a poder responder en un futuro con el tema de la pensión, pero nos estamos asegurando de que ahorita la preocupación por tener un servicio médico de calidad ya no sea más, y por otra parte el Ayuntamiento también dejar de gastar ese dinero para apoyarlos y poderles ofrecer todo lo que hay en SaludH” (Proyecto Puente, 17.05.2022).
La novedosa solución al problema de abasto de medicamentos tiene prioridad sobre la futura pensión, porque, pragmáticamente, la gente se enferma hoy y el mañana ya vendrá, con lo que se “justifica” el proyecto municipal que supone la privatización de un servicio que corresponde al ISSSTESON.
Desde luego que no fue ocurrencia, prendida de foco o inspiración repentina, si recordamos que el Ayuntamiento debe al Isssteson alguna gruesa cantidad por concepto de aportaciones no realizadas y que, ahora, resulta que podrán ahorrarse este “gasto”, gracias a que absorberán a lo chino estos recursos:
“Cuando una persona está trabajando y va cotizando en el Isssteson, va generando un ahorro que eventualmente se podrá recuperar ante el propio Isssteson, pero nosotros como Ayuntamiento vamos a absorber esa parte de tal suerte que esa persona esté protegida y en los años siguientes puedan tener este ahorro en un fondo municipal para hacerle frente a la parte de medicamento”, explicó el Alcalde Astiazarán (Misma fuente).
“La empresa ganadora de la licitación es Sistema Empresarial Integral de México (SEM) y tendrá el contrato para llevar el sistema de seguridad social hasta el término de la actual administración. Posteriormente, la siguiente administración decidirá si renueva el contrato o continua con otra empresa” (Misma fuente).
En breves palabras, el Ayuntamiento licitó y concedió a una empresa privada la provisión de los servicios de salud de los empleados municipales, pero hasta el término de la actual administración, porque después “ahí se la echan”.
Se dice que hacen ahorros, pero se pagan estudios actuariales para justificar una medida que tiene matices no sólo oportunistas sino francamente antisociales, a juzgar por el abandono que padecen los empleados municipales, no sólo los jubilados.
El Municipio sigue sin responder las demandas de los trabajadores jubilados y pensionados que reclaman el cumplimiento de los derechos sociales que les fueron negados, más las recientes demandas que el sindicato del Ayuntamiento ha formulado ante el incumplimiento de servicios y prestaciones a las que el propio Ayuntamiento debiera responder, empezando por pagar las aportaciones que están pactadas en el convenio de prestación de servicios con la institución estatal de seguridad social:
Al respecto, el dirigente sindical Salvador Olguín, ha manifestado que “personas que estaban en permiso prejubilatorio los regresaron a trabajar otra vez, apoyos funerarios no hay, los uniformes no los han entregado, las bases, sindicalizaciones, es un desastre el que se está haciendo” (El Imparcial, 17.05.2022).
En resumen, el Ayuntamiento no paga al Isssteson lo que legalmente le debe pagar, se inventa un nuevo esquema de provisión de servicios de salud, ahora privado, pero sin responsabilidad alguna en materia de pensiones y demás prestaciones sociales, con un universo de “beneficiarios” de 869 empleados, y además no cumple con lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo, afectando a mil 250 trabajadores.
El nuevo modelo de seguridad social, como queda dicho, durará hasta el fin de la actual administración y después quién sabe.
Lo que parece urgente es que se llame a cuentas al Ayuntamiento, no para que dé explicaciones, sino para que cumpla con sus obligaciones y para que no arriesgue la tranquilidad y seguridad de sus futuros jubilados, asunto que debiera ser de la preocupación del sindicato del Ayuntamiento. De seguir así las cosas, habrá más tragedias familiares que lamentar.
José Darío Arredondo López
